La gota que rebosó el vaso fue la denuncia de una pareja de caleños por el cobro de $226.000 por tres sancochos de róbalo, dos cervezas y una gaseosa, en un restaurante del balneario de La Boquilla, en la zona norte de Cartagena.
Sin embargo, este episodio que escandalizó a la ciudad y al país no es un caso aislado, ocurrido en estas playas turísticas donde hay unos 250 restaurantes de nativos, construidos frente al mar, con maderas y palmas, en su mayoría.
El sábado pasado se registró otro incidente, supo EL HERALDO.
Un grupo de comensales del interior del país quedó estupefacto cuando quien lo atendía le trajo la cuenta. Ascendía a $400.000. Los visitantes reclamaron airadamente y terminaron, tras una discusión, pagando la mitad. Se fueron contrariados. El caso no trascendió a los medios.
Factor negativo
Para el gremio turístico y los dueños de estos negocios informales, los abusos en los precios pueden alejar a los turistas de la ciudad.
'Están acabando con el turismo de La Boquilla', dijo preocupada María Altamiranda, una cocinera que llegó de Tolú, Sucre, a los 18 años. Hoy tiene 62, y de ellos 40 en el oficio. Es dueña con su esposo de un negocio de venta de pescado y mariscos en el balneario.
No se explica cómo los intermediarios (llamados ‘pide-pide’) pueden cobrar $40.000 y $50.000 por un plato de pescado (posta de pargo, mojarra o sierra, arroz de coco, ensalada, patacón y sopa) que cuesta entre $15.000 y $18.000. Admite que, por ejemplo, una cazuela de mariscos puede llegar a valer $35.000. Pero es un plato especial.
El caso del abuso cometido contra los turistas caleños, que ocupó la atención de los medios de comunicación y fue tema de las redes sociales, provocó la reacción de la máxima autoridad del Distrito de la llamada industria sin chimeneas, la Corporación Turismo Cartagena de Indias.
También los taxistas
Su directora, Zully Salazar Fuentes, dijo que conductas como la denunciada, 'y otras de las que también he tenido conocimiento, como el cobro exagerado en las carreras de taxi, atentan contra el turismo y por ende contra a estabilidad laboral de muchos cartageneros'.
Invitó, igualmente a los turistas a no 'dejarse tumbar' y a denunciar ante las autoridades cualquier abuso.
Justamente, la semana pasada, Salazar anunció que la corporación realiza un estudio para establecer si Cartagena es cara o no, comparándola con otros destinos del Caribe.
El líder nativo y ex inspector ambiental de La Boquilla, Mohamed Alí Ortega, dijo que fue un ‘pide-pide’ y que conoce la problemática.
Admitió que los abusos en los precios se dan con frecuencia y propuso desarrollar un proceso de organización de los jóvenes que están a las entradas del balneario y que se convierten en intermediarios entre los restauranteros y los clientes.
Agregó que hace unos cinco años, los ‘pide-pide’ estuvieron carnetizados por la Alcaldía. Pero el proceso no se continuó. Aclaró que el servicio no es malo, pero sí se vuelve costoso y reconoció que si no se hace algo 'esto va a acabar con todo'.
La representante legal del Consejo Comunitario de La Boquilla, Heidy Velásquez, dijo que ayer hubo una reunión urgente en la Inspección de Policía del corregimiento, para adoptar medidas de control.
Agregó que es imperativo llegar a un acuerdo con los dueños de negocios de venta de comidas para establecer una lista oficial de precios, que esté a la vista de los comensales y así evitar cobros exagerados.
Ayer, en La Boquilla reinaba la preocupación general. El episodio de los turistas caleños era el comentario en la playa y en las cocinas. 'Hay que hacer algo y rápido', atinó a decir María Altamiranda.
