Vigilancia especial de Supersalud a 21 de 44 EPS
El superintendente Fabio Aristizábal, quien estuvo en un foro de la Gobernación del Atlántico, aseguró que 21 entidades del país son vigiladas por malos manejos.
Al menos 21 EPS, de las 43 que operan en el país, tienen vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Así lo afirmó el jefe de esta entidad, Fabio Aristizábal Ángel, durante el ‘Foro Salud Región Caribe’, organizado por la Secretaría de Salud del Atlántico.
Aristizábal explicó que no todas estas entidades están siendo vigiladas por hechos de corrupción, sino por malos manejos, por no querer capitalizar o por no “corregir el rumbo y el deterioro.
En ese sentido —expuso— que a esto se debe la crisis de la salud, tanto en la red pública como en la privada. “No sé si realmente estamos en una crisis del sistema o ante un problema de abuso. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para lograr corregir el rumbo”, señaló el superintendente.
El funcionario fue enfático al afirmar que “seguirá una ruta y seguirá actuando” desde la Superintendencia para continuar “velando” por la salud de todos los colombianos. “Muy pronto se van a enterar de otras revocatorias que seguirá haciendo la Superintendencia. Vienen varias y poco a poco, pero hay que vigilar cómo lo hacemos porque no le podemos generar un daño sistémico al país”, explicó Aristizábal Ángel.
Asimismo, detalló que “sacarán” a las EPS que no le han “cumplido” a los ciudadanos, a las que no tienen patrimonio, a las que no autorizan los medicamentos y “fortalecer” a las EPS que sí están “cumpliendo”.
Corrupción
El superintendente Fabio Aristizábal indicó que han identificado más de 35 formas de corrupción en el sistema de salud. “Ningún modelo del mundo funciona así. Tenemos que sincerarnos entre los actores porque esto no es un problema del modelo, ni del sistema”, sostuvo durante su intervención en el foro, en el que fue aplaudido por los asistentes al terminar su exposición.
Señaló que el Acuerdo de Punto Final le servirá mucho al país, siempre y cuando se erradiquen las malas prácticas para que no quede en un “acuerdo de puntos suspensivos”. “La excesiva intermediación, la corrupción y la evasión puede estar entre un 10% y un 15%; es decir, que estamos hablando del 7% del PIB, esos son billones de recursos”, precisó Aristizábal.
Punto final
Durante el foro también intervino el director de Financiamiento del Ministerio de Salud, Anwar Rodríguez, quien hizo una radiografía de lo que será el Acuerdo de Punto Final del sector de la salud.
Rodríguez dijo que con esta ley el Gobierno nacional buscará una mejora en salud con “calidad y eficiencia”. Detalló que se buscará el fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza en el sistema de salud, una redefinición de prioridades y competencias.
De igual forma, sostuvo que la ley buscará una “articulación” de los actores en torno a la calidad y mejor infraestructura y dotación.
Entretanto, Carlos Arango, asesor de políticas de salud de la Federación Nacional de Departamentos, realizó una radiografía de la situación actual de los hospitales públicos del país y sobre el desafío de “reinventar” estas entidades en Colombia, cuya deuda asciende a los $17 billones.
Arango señaló que se debe gestionar una solución “de fondo” y redefinir la política pública de prestación de servicios de salud del país, que permita corregir las falencias institucionales advertidas hoy en la figura de las empresas sociales del estado.
“Para esto es necesario reconsiderar, al menos, cinco acciones claves: la naturaleza jurídica, el Gobierno corporativo, la organización y el modelo de atención, la contratación y el pago y el régimen laboral”, explicó el asesor.
Cifras en Atlántico
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó la importancia del foro, debido a que se expusieron los beneficios que traerá la Ley de Punto Final. “Esto permitirá que haya una inyección de capital al sistema y ordenarlo. Nos invita a que todos pongamos un grano de arena para sacar adelante este sector”, manifestó el mandatario.
Por su parte, el secretario de Salud del departamento, Armando De la Hoz, señaló que fue “clave” poner sobre la mesa el tema de las deudas con los hospitales públicos. “Hemos trabajado de la mano con la Superintendencia, queremos que desde el nivel central nos tengan como referentes y realizar aportes técnicos y conseguir recursos a través de las EPS para nuestros hospitales. Buscaremos más espacios como estos para lograr más apoyo”, indicó De la Hoz.
Señaló que a la fecha el departamento tiene el 98,36% de su población cubierta en salud y aquella sin cobertura a la demanda ha recibido atención con una inversión de $38.653 millones.
Asimismo, indicó que entre 2016 y 2018 se han invertido $98.238 millones, para garantizar la prestación de los servicios con 96.061 atenciones en salud a personas de esta población que demandaron servicios, cubriendo además otras 64.413 atenciones por concepto de tecnologías no cubiertas en el POS.
“Me daba vergüenza ir al Hospital Cari”
Luego de que conociera que Rocío Gamarra, exgerente del Hospital Universitario Cari E.SE, entabló una demanda en la que reclama una indemnización por $1.300 millones, el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, indicó que la entidad aún no ha conocido el documento.
El funcionario manifestó que le daba “vergüenza” ir a ese centro de salud por el estado en el que se encontraba. “Estaban todos los pisos abandonados, entonces no entiendo de qué gestión está hablando y en qué la perjudicamos. Ese hospital tenía que corregir el rumbo, estaba abandonado”, dijo Aristizábal. Sostuvo que actualmente “por lo menos está decente y mejorando la contratación”. “Ahora nos van a presentar un plan de recuperación, esas camas las necesita el departamento”, señaló el superintendente.
