Procuraduría suspendió por tres meses al contralor distrital de Barranquilla
El ente de control también abrió una investigación por presuntos actos de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y ordenó la suspensión provisional del contralor distrital de Barranquilla, Jesús María Acevedo Magaldi, por presuntos actos de corrupción, posible tráfico de influencias, abuso de autoridad y desviación de poder.
El Ministerio Público ordenó esta medida cautelar para evitar una eventual incidencia del funcionario sobre el proceso disciplinario tras las denuncias hechas por la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por el delito de concusión.
Según lo expuesto en su momento por la SAE, Acevedo sostuvo una reunión con el gerente de Triple A, Guillermo Peña, a quien le planteó la contratación de la firma American Lawyer Corporation S.A.A. para que los defendiera en un proceso fiscal que se les adelanta.
Dicha conversación habría quedado registrada en una grabación que fue conocida por la opinión pública.
Para el Ministerio Público, la suspensión por tres meses del contralor –o hasta cuando el Concejo de Barranquilla decida nombrar un contralor encargado– procede ante el riesgo de que el recaudo probatorio ordenado en la Contraloría Distrital de Barranquilla puede verse obstruido con la permanencia en el cargo del investigado.
Según indicó la Procuraduría, Acevedo podría emplear su influencia respecto de sus subalternos, en particular el Director del Departamento Jurídico, quien habría suscritos bilaterales que vinculan a la firma American Lawyers Corporation S.A.S..
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público llamó a declarar al gerente Peña Bernal y ordenó la práctica de algunas pruebas en la Contraloría Distrital de Barranquilla y la empresa de servicios públicos.
La apertura de investigación tiene por objeto establecer si las conductas son constitutivas de faltas disciplinarias, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de modo y tiempo en que se cometieron, el perjuicio causado a la administración y la responsabilidad del investigado, como de aquellos funcionarios que puedan resultar implicados.
Asimismo, la Procuraduría indicó que el investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre.
