El gremio de motociclistas, que agrupa a 17 asociaciones de conductores de motos, anunciaron su decisión de presentar 7.000 tutelas contra el Distrito de Barranquilla, en lo que han llamado ‘tutelatón’, para que la Corte Constitucional revise las restricciones impuestas a los motociclistas de la ciudad.
La ‘tutelatón’ será en quince días e irá acompañada de una gran movilización. Así lo dio a conocer Antonio Bohórquez, líder de la iniciativa, quien además aseguró que las restricciones, que tienen unos 10 años de haberse implementado, 'son inconstitucionales'.
'El Distrito fracasó en todos sus intentos por mejorar la movilidad, por eso hoy se unieron diferentes actores como motociclistas, familiares, usuarios y conductores de Dacias, para rechazar las medidas', sostuvo Bohórquez.
Bohórquez señaló que en la ciudad se vienen dando restricciones a los motociclistas desde 2008. 'Cada vez son más zonas y más límites que le ponen a los motociclistas, sabemos que el único propósito es expandir las medidas a toda la ciudad', indicó.
De igual forma, informó que esperan que en los próximos días se sumen más organizaciones de motociclistas, cuyos ingresos no dependen del trabajo en sus vehículos, así como también esperan la adición de los mototaxistas.
Demandas ante la Procuraduría y Fiscalía
La Unidad de Organizaciones de Motociclistas, mototrabajadores, mototaxistas, familiares y usuarios de la movilidad, junto al Frente Amplio Cívico Por el Rescate de Barranquilla, interpusieron una medida disciplinaria ante la Procuraduría y Fiscalía General de la República, contra Alejandro Char, alcalde de Barranquilla; Elsa Noguera, exalcaldesa y actual ministra de Vivienda, y contra Modesto Aguilera, Jaime Pumarejo y Luzía Ruiz, los tres en calidad de alcaldes encargados.
En la demanda acusan a los mencionados de posible prevaricato por acción por la imposición de la prohibición para circular en algunos sectores de Barranquilla, medida que lleva ya una década.
Los demandantes aseguran que el artículo seis de la Ley 769 de 2002 deja claro que los alcaldes, asambleas Departamentales y concejos Municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al código de tránsito.
