Las obras ‘fantasma’ en San Andrés
Por coimas de $11.000 millones un juez envió a la cárcel a una exgobernadora y al actual gobernador. EL HERALDO conoció otros tres contratos con presuntas irregularidades
Luego de producirse esta semana la captura y judicialización del suspendido gobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, y de la exgobernadora Aury Guerrero Bowie por recibir presuntas coimas a cambio de contratos que suman alrededor de $120.000 millones, la Fiscalía reveló que los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus presuntos socios, para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento, supuestamente pagaron el 10% del valor de los contratos con el probable auspicio de altos dignatarios del gobierno departamental.
Entre los contratos adjudicados sobresale la construcción del Centro de Educación Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos, que serviría a la población estudiantil del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
“El contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, por un valor de $50 mil millones, y deberían entregarse a la comunidad en diciembre de 2015; sin embargo, hoy, cuatro años después, las obras no alcanzan el 50% de su ejecución”, se lee en el reporte del ente investigador.
Para este proyecto de megacolegio el constructor, diseñador e interventor pertenecían a una misma firma, que era liderada por Hernán Moreno Pérez y Fernando León Diez Cardona, como se presentó en el desfalco a los recursos de valorización en Armenia, indicó la Fiscalía.
Además de los contratos que tienen en aprietos al gobernador y la exgobernadora, EL HERALDO conoció otros convenios que también son cuestionados por autoridades y la comunidad isleña, por la entrega de anticipos e incumplimiento de las obras por vencimiento de los plazos y una ejecución casi nula.
En tres procesos contractuales que inicialmente fueron denunciados por el blog ‘Quita Sueño’ de San Andrés, al parecer se cometieron presuntas irregularidades en la celebración de los convenios y en la ejecución de los mismos.
Los tres contratos que ascienden a un valor de $29.058 millones tienen que ver con la rehabilitación vial en el barrio Corales, la construcción de un parque recreodeportivo en el sector de Sarie Bay y la construcción de un hipódromo en Velodia Road al sur de la isla.
El primer proyecto adjudicado por Housni Jaller fue el contrato de obra n° 1880 que consistía en la ‘Rehabilitación y mantenimiento de las vías priorizadas en el plan vial departamental en San Andrés Isla (vías internas barrio Corales)’.
Este, dentro del proceso licitatorio n° 048 de 2017, fue contratado por valor de $2.112 millones, con un plazo de ejecución de siete meses contados a partir de la fecha de suscripción del acuerdo, el cual fue firmado el 29 de diciembre de 2017.
El contratista a cargo de las obras fue Carlos Julio Ramírez James, en su calidad como representante legal del Consorcio Vías Corales 2017. Sin embargo, Ramírez, mediante un poder, facultó a Marco Tulio Solano Glen para firmar el convenio.
Luego de esto, según consta en un oficio con Radicado 19151 de 25 de junio de 2018, el ingeniero Carlos Julio Ramírez expresó a la Administración departamental que Solano, de manera “inconsulta”, subcontrató la obra el día 26 de febrero de 2018 con la empresa RAM Ingeniería Construcciones S.A.S., por un valor de $1.381 millones.
De igual manera, este habría solicitado a la interventoría de la obra el retiro total del anticipo correspondiente al 50% del valor contractual entregado por el Departamento. En su declaración, Ramírez informó que funge también como representante de la empresa que su apoderado subcontrató y dejó claro que ese convenio se firmó sin su consentimiento.
“El contrato fue firmado, repito, de manera inconsulta y sin ningún tipo de información entre el señor Marco Tulio Glen y Enzo Ramos Suárez, quien funge como suplente del gerente”, se lee en su versión dada a la Gobernación de San Andrés.
Sobre este caso, se sabe que las obras fueron abandonadas y los dineros se esfumaron. De acuerdo con la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante una “auditoría exhaustiva” al contrato de obra n° 1880 y al contrato de interventoría 1886, se evidenció que “hay un presunto detrimento al patrimonio del Departamento por el orden de los $1.050 millones”.
La interventoría financiera, técnica administrativa y ambiental de esta obra fue entregada a Ricardo José Cogollo Ponce, representante legal del Consorcio Corales 18, por valor de $291.865 millones.
Dentro de las quejas recogidas por el ente de control en su visita al barrio Corales, el pasado 14 de septiembre, en compañía de la Procuraduría Ambiental y Regional, respectivamente, se encuentra el difícil acceso a las casas por el estancamiento de aguas servidas y aguas lluvias en la zona, afectación a la salud de los habitantes del sector y contaminación ambiental.
“Ya son casi tres meses que tenemos soportando las aguas negras estancadas, los mosquitos y el barro cuando llueve. El contratista vino, rompió la vía y se desapareció”, se lee en uno de los testimonios que aparecen en el informe de la Contraloría.
Ante las molestias de la comunidad, el organismo expresó que desde cada una de las competencias de las autoridades que hicieron parte de la visita, se adelantan procesos para lograr el cumplimiento del contrato, el mejoramiento de las condiciones de salubridad del sector y la recuperación de los recursos que, presuntamente, fueron entregados al contratista como anticipo.
Igualmente, informó que se dará inicio inmediato a procesos sancionatorios, ambientales, disciplinarios, fiscales y penales.
Los otros dos contratos por los que existen cuestionamientos tienen que ver con la construcción de las obras de urbanismo y espacio público del parque recreodeportivo Tropical Park y la construcción del Centro de Cultura Hípica en San Andrés. Ambas licitaciones suman $26.946 millones, firmadas por valor de $12.249 millones y $14.697 millones, respectivamente.
Los proyectos tienen como único contratista a Andrés Sanmiguel Castaño, quien funge como representante legal de los consorcios Tropical Park 17 y CC Hípica 2017, firmas ganadoras del proceso de adjudicación y las cuales se encuentran compuestas por las mismas sociedades Licuas S.A. y Sercom INF S.A.S.
Las obras de urbanismo del Tropical Park fueron adjudicadas por el gobernador el 13 de diciembre de 2017, con un plazo de ejecución de 10 meses contados a partir de la fecha de legalización del convenio. Por otra parte, el Centro de Cultura Hípica fue suscrito, pocos días después, el 26 de diciembre de 2017, con un periodo de entrega de 12 meses.
Ambos proyectos están prontos a culminar su fecha de entrega y no superan ni el 30% de su ejecución.
Un juez envió a la cárcel al suspendido gobernador de San Andrés, Ronald Housny Jaller, y la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, capturados el pasado lunes por estar involucrados en actos de corrupción en la isla. Según reportó la Fiscalía, estos tendrán que responder por concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
De acuerdo con el ente investigador, los funcionarios eran investigados porque habrían participado en un esquema de corrupción en la isla, con coimas que superarían los $11.000 millones, con las que habrían desangrado las finanzas del archipiélago en los últimos siete años.
La Fiscalía también compulsará copias a la Corte Suprema para que investigue al exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller, hermano del suspendido gobernador, por su presunta participación en estos hechos.
