El Heraldo
Aspecto del comité de garantía que se realizó el miércoles en la sala de juntas de la Gobernación del Atlántico.
Barranquilla

Las cuatro reuniones en las que se fraguó la marcha pacífica

Detalles de los encuentros en los que se logró un acuerdo con sindicatos, centrales obreras y estudiantes para dar garantías a los manifestantes en Barranquilla.

Eran las 7:00 a.m. del jueves 21 de noviembre y las calles de Barranquilla estaban casi vacías. La mañana se asemejaba a un 1° de enero, pero no producto de una gran celebración por la llegada del año nuevo, sino por la tensión que reinaba ante lo que podría ocurrir horas más tarde en la ciudad.

Gran parte del comercio cerrado, las tiendas con sus esteras a medio abrir, los buses sin pasajeros y cinco grandes concentraciones de gente, era el panorama de esa mañana.

Muchas personas se quedaron en sus casas; otras tuvieron que salir a trabajar, pero con el temor de una revuelta. Ese miedo era alimentado por infinidades de cadenas que corrían a través de las redes sociales, en las que se alertaban sobre el caos que dominaría a la capital del Atlántico y hasta aconsejaban cómo enfrentar a la Policía y sus gases lacrimógenos.

Había mucha expectativa frente al paro nacional, pero sobre todo si las autoridades estaban realmente preparadas para recuperar el control en medio de los posibles desmanes.

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Este panorama sombrío llevó a las autoridades locales a emprender una estrategia, también a través de redes sociales, para disminuir la tensión. La Policía Metropolitana abrió el camino desvirtuando las ‘fake news’, siguió el alcalde Alejandro Char con el mensaje de acompañar las marchas para garantizar el derecho constitucional a la protesta en un territorio de paz.

“Si quieres marchar te vamos a acompañar te vamos a proteger. Hazlo con toda la confianza del mundo, pero no violentes a tu ciudad, no golpees tu ciudad, esa que entre todos hemos construido con mucho esfuerzo. Este 21 haz lo que siempre ha hecho Barranquiilla: respetar el prójimo, vivir en paz, vivir alegremente; en ese sentido te vamos a acompañar”, fue el mensaje del alcalde en un video difundido en redes sociales.

El gobernador Eduardo Verano hizo lo propio con un discurso conciliador y de reconocimiento de un derecho que los obliga a brindar garantías de seguridad a los manifestantes.

Comité de Garantías.

Acercamientos

Paralelo a esta táctica comenzaron a dialogar con los actores de las marchas y se abrió la posibilidad de pactar unos acuerdos que permitieran una marcha pacífica, sin vandalismo, sin capuchas. El primero de esos acercamientos se realizó el jueves 14 de noviembre -justo 8 días antes del paro nacional- en el despacho del gobernador Verano.

El comandante de la Policía Metropolitana y su equipo de inteligencia, el comandante de la Primera División del Ejército -la máxima autoridad de la institución en el Caribe-, el comandante de la Segunda Brigada del Ejército, el comandante del Batallón Vergara y Velasco y su grupo de inteligencia, asistieron a la reunión. En ella se analizó el esquema de seguridad para “proteger la ciudad y el departamento” y se decidió convocar un consejo de seguridad para el día lunes 18 de noviembre.

En esa reunión se explicarían las directrices del Gobierno nacional frente al paro, las cuales serían formuladas en un encuentro convocado por el presidente Iván Duque, el Viceministerio del Interior y la Dirección Central Antiterrorismo. La reunión fue en Cartagena y contó con la asistencia de los gobernadores y alcaldes de la Región Caribe. Pero, según algunos de los participantes, no hubo tales directrices, sino un discurso del presidente explicando la situación.

Tras el encuentro, la Gobernación del Atlántico y el Distrito de Barranquilla acordaron que el consejo de seguridad del lunes fuera integral, con la participación de todas las fuerzas, las secretarías de Salud y Educación, los jefes de las oficinas de Gestión del Riesgo, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y delegados de la ONU. Este se realizó en las instalaciones del Comando de la Policía. Allí se armó todo el plan de seguridad para la marcha y Verano planteó el uso de un lenguaje conciliador con las organizaciones sociales, las centrales obreras y los estudiantes, de tal forma que se cultivara la confianza.

Lenguaje conciliador

El mensaje que promovió entre los actores fue que más allá de lo que estaba pasando en el país, Atlántico (incluyendo Barranquilla) es un territorio con tradición pacífica en cuanto a la protesta social.

Después de este consejo de seguridad, el gobernador ordenó a su secretario del Interior, Jorge Ávila,  buscar acercamientos con los organizadores de la marcha, con la idea de convencerlos de marchar en paz, “sin afectar” el mobiliario urbano, los activos públicos y la propiedad privada. Fundamentalmente la administración departamental y la Distrital querían ratificarles el reconocimiento del derecho a la protesta.

Fue así como se hizo una mesa de trabajo el martes 19 de noviembre. A la cita llegaron representantes de las centrales obreras, dos delegados de la Universidad del Atlántico y comisionados de organizaciones sociales. Por más de tres horas estuvieron discutiendo cómo se harían las marchas y “generando un ambiente de confianza”.

Las autoridades reunidas en el PMU. Uno de los acuerdos fue permitir que un miembro de la CUT estuviera presente en el lugar.

Comité de garantías

En medio de la reunión, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Javier Bermúdez, solicitó a las autoridades convocar una mesa de garantías de derechos humanos. La Gobernación se comprometió a realizarla el miércoles 20, para reafirmar la confianza y dar muestras de un verdadero diálogo conciliador.

Sin embargo, un nubarrón se posó sobre esta alternativa. Tras una consulta, la Gobernación recibió el mensaje de que no era adecuado ni sería bien visto que se activara la mesa de garantías, porque era una política del gobierno anterior. Esta instancia fue reglamentada por el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Pese al mensaje, la Gobernación decidió jugársela por la mesa de garantías. Fue así como en horas de la mañana del miércoles 20 se reunió con los sindicatos del sector público y en horas de la tarde fue el gran encuentro. Una reunión considerada clave en este proceso.  

Eran las 4:00 p.m. de ese miércoles cuando empezaron a llegar los citados. Los primeros fueron las autoridades de policía y militares.

A las 4:30 p.m. estaba la sala de juntas de la Gobernación con todos los convocados. Los primeros 20 minutos fueron de tensión y desespero, por los cuestionamientos que hicieron los defensores de derechos humanos a la mesa de garantías. Dos delegadas decían que no se cumplía los requisitos y, por consiguiente, debía suspenderse. Ante este hecho, el gobernador y el secretario del Interior pidieron que se le cambiara el nombre por Comité de Garantías, porque lo esencial era que se pactara esa tarde un acuerdo definitivo.

Un grupo de policías encabezaron la marcha por la carrera 46 para acompañar a los manifestantes. Los uniformados no llevaron armas.

Un acuerdo clave

Aceptada la propuesta comenzó la reunión. Los manifestantes pedían que el Ejército y el Esmad no estuvieran cerca de las marchas. La propuesta fue aceptada y se decidió que estos cuerpos de seguridad estuvieran en puntos estratégicos, como la Circunvalar y las entradas de la ciudad.

Los estudiantes de la Universidad del Atlántico eran los más contradictores y en cada intervención recordaban el disparo hecho por uno de sus miembros en una protesta en la alma mater. Cuestionaban todas las decisiones y eran escépticos frente a un acuerdo. Ante esto, uno de oficiales del Ejército se levantó y les explicó lo ocurrido, tras lo que les ofreció disculpas y prometió que no volvería a suceder una acción similar.

Los jóvenes cambiaron de actitud y abrieron las puertas de un diálogo en términos más conciliadores, tras una breve intervención del abogado José Humberto Torres.

Otro momento tenso lo motivó la captura de dos trabajadores del banco Itaú, por daño en la propiedad privada. Fueron denunciados por las directivas del banco.

Para resolver la situación, la directora de Fiscalías se comprometió a agilizar el procedimiento para que fueran liberados, teniendo en cuenta que era un delito excarcelable.

Resuelto este punto siguió el diálogo. Las autoridades explicaron el dispositivo de seguridad y los manifestantes su plan con las marchas.

Luego de casi cuatro horas de discusiones, de peticiones, de reclamos, de explicaciones, de propuestas y de lenguaje conciliador, se llegó a un acuerdo que terminó en cinco marchas pacíficas y una gran concentración en el Paseo Bolívar, sin encapuchados y sin disturbios. Fueron marchas multitudinarias y en paz que hicieron que Barranquilla fuera considerada un ejemplo a nivel nacional.

El Heraldo

‘Velatón’ y marcha

Con velas en sus manos, decenas de jóvenes salieron a las calles de norte de Barranquilla a marchar bajo la consigna de la continuación del paro nacional del pasado 21 de noviembre.

La concentración inició en el sector de Buenavista con una reunión que terminó bloqueando la calle 98 entre carreras 51B y 53, por lo que momentáneamente fue suspendida una ruta de Transmetro.

Durante la 'velatón' hubo un momento de pánico cuando algunas personas aseguraron haber escuchado disparos en inmediaciones del Centro Comercial Buenavista, lo que causó su cierre anticipado y un video circulando en redes donde se ve uno de los guardias con su arma de dotación, apartando una joven de la puerta principal de la sede 2. Esto fue rápidamente aclarado y solo se debió al "susto" por los sonidos de 'totes' y las ollas de quienes las hacían sonar en la marcha.

"La administración del Centro Comercial Buenavista en acuerdo con la Alcaldía Distrital decidió realizar cierre anticipado de sus instalaciones con el fin de brindarle seguridad a nuestros visitantes (...) Es importante aclarar que no se presentó ninguna alteración de orden público dentro del centro comercial ni fue causado ningún tipo de daño por parte de los manifestantes”, reza el comunicado.

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