Herlinda espera la atención ordenada por un juez
Por el caso de esta mujer de 75 años, que padece varias patologías neurológicas y demanda unos cuidados especiales, la Supersalud impuso multimillonaria multa a Sura.
En medio de la fuerte polémica en el país por la cuestionada reforma a la salud promovida por la ministra Carolina Corcho y que modifica drásticamente el modelo de aseguramiento de los colombianos, hoy en manos de las empresas promotoras de salud, duramente criticadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, se conoció la semana pasada la sanción más alta que la Superintendencia de Salud haya impuesto en Colombia.
Se trata de la multimillonaria multa de $5.800 millones de pesos, equivalente a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv), que la Supersalud impuso a Sura, tras considerar que fue restringido el acceso a los servicios de salud a una usuaria de 75 años en condición de discapacidad y que tiene diagnosticadas múltiples patologías neurológicas que afectan su movilidad y calidad de vida debido a que requiere de cuidados especiales.
Conocedores del tema y la propia EPS sancionada calificaron la multa como “desproporcionada” y sin precedentes en el país, sobre todo si se tiene en cuenta el álgido momento político en el que las empresas promotoras de la salud han estado en el centro del debate por la reforma a la salud radicada por el Gobierno, que desde su posesión dejó en claro su intención de “transformar” con estas entidades y poner en manos del Estado el modelo de aseguramiento.
Justamente este viernes en Barranquilla la ministra de Salud, Carolina Corcho, advirtió que de no transformar el actual modelo y “si no hay reforma, las EPS se acabarían solas. Empezamos en 150 y vamos en 28, la mayoría no cumple, deben ser liquidadas y en efecto dominó se acaban”.
Pero al margen de la sentencia de la funcionaria, está la historia de Herlinda Escalante de Roa, la adulta mayor que reside con su familia en el barrio Paraíso, de Barranquilla, y cuyo caso motivó la inédita sanción contra Sura.
La batalla legal que emprendió Gino de Jesús Roa, hijo de Herlinda, comenzó a finales del 2022. En diálogo con EL HERALDO, relató que la salud de su madre empeoró “drásticamente” por no recibir una cama de hospitalización, servicios de enfermería 24 horas y otros insumos, debido a que no fueron aprobados por el médico tratante de la última hospitalización que tuvo en el mes de septiembre en la Clínica del Caribe de esta ciudad.
“Mi mamá fue internada en los meses de agosto y septiembre en la clínica por la sobreinfección de las escaras que padece, por ello exigí a toda costa otros recursos para ella, pero el médico que la atendía solo me decía: Sura no te los va a dar”, afirmó.
No obstante, comentó que doña Herlinda fue enviada a casa para seguir recibiendo atención médica. Pero esta vez, era prioridad contar con una cama hospitalaria debido a que a la paciente le era “imposible” movilizarse por la gravedad de su enfermedad, ya que día tras días empeoraba su condición, dándole paso a otras afectaciones, según lo relatado por Gino Roa.
“La EPS no procedía a garantizar lo que yo solicitaba. No me escuchaba y entonces me asesoré y peleé por los derechos de mi madre a través de una tutela en contra de Sura para que analizaran el cuadro de mi mamá y así la ayudaran”, manifestó.
Aun cuando el Juzgado Segundo de Familia Oral de Barranquilla ordenó que en un término de 48 horas un médico debía visitar a la señora Herlinda Escalante para valorarla y así obtener cama, colchón antiescara y demás cosas requeridas, tales peticiones no fueron respondidas sino hasta el 7 de febrero del 2023, luego de un fallo de un juez de del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla y una orden de la Superintendencia Nacional de Salud.
Dicho lo anterior, siguió narrando que el fallo también estableció que en 48 horas se debían proporcionar los insumos necesarios a la paciente, adicionalmente un servicio de enfermería de 8 horas. Decisiones que, según Gino, la EPS ha incumplido.
Entre tanto, bajo el peso de cuantiosas y consecutivas multas, la EPS accedió a la visita domiciliaria de un médico a la residencia de Herlinda Escalante, pero no la que el juez requería y así tampoco tuvo aprobación de su cuidador.
“Ante mi angustia impugné el veredicto del juez para que se cambiara a la enfermera, la cama y los demás insumos necesarios”, señaló Gino.
Mientras que Gino de Jesús continúa haciéndole presión a la EPS Sura a través de las leyes que cobijan a la salud, Herlinda Escalante de 75 años permanece en una cama que no cumple con sus requerimientos de salud, a la espera de que se cumplan los seis meses de servicios estipulados que prestaría la EPS.
“En este momento mi mamá me reconoce a veces, tiene episodios psicóticos, no camina. Hasta a mediados del año pasado veía personas en el cuarto de ella y gritaba”, sostuvo.
De cara al episodio en el cual su madre ha sido la protagonista, Gino de Jesús elevó un llamado para que en el país se hagan valer los derechos de los afiliados de entidades y se brinde un sistema de salud de calidad, especialmente en los pacientes que tienen una edad comprendida entre 7 y 70 años.
En la investigación adelantada por la Superintendencia Nacional de Salud se determinó que al no contar con el acceso al servicio de enfermería y la cama hospitalaria en el momento en que se solicitaron, en conjunto con dilaciones y omisiones por parte de la EPS, se puso en riesgo la integridad personal y la vida de la paciente.
Es de anotar que la decisión fue remitida al Tribunal de Ética Médica del Atlántico y a la Fiscalía General de la Nación “para que analicen las actuaciones a que hubiere lugar”.
La EPS Sura aseguró que la sanción determinada por la Superintendencia Nacional de Salud no es una sanción confirmada, pero resulta “desproporcionada” al no tener precedentes en el territori nacional. Por ende afirmaron que se expondrá en los recursos de ley con los que cuenta la compañía.
En ese sentido, explicaron que la afiliada ha recibido atención médica y sigue recibiéndola por parte de la EPS.
Sin embargo, la entidad reconoció que presentó una demora inferior a 15 días en la prestación de algunos servicios sociales como la entrega de una cama y la asignación de una enfermera 8 horas diurnas para facilitar su cuidado en casa.
“La compañía implementará las acciones necesarias para evitar que esto se vuelva a presentar”, sostuvo la mencionada EPS.
