El Heraldo
Varios sectores concuerdan en una regulación de las plataformas en el transporte. Jennifer Blanco
Barranquilla

¿Prohibición o regulación?, debate sobre plataformas digitales de transportes

Este miércoles habrá una reunión entre el Mintransporte y los representantes de las aplicaciones. Taxistas señalan que legalizar a particulares traería consecuencias. Expertos se refieren al tema.

El funcionamiento de plataformas digitales de transporte. Ese ha sido el tema de discusión en los últimos días entre el Gobierno nacional y los diferentes actores de la movilidad y la tecnología en el país.

La publicación de un borrador del proyecto de ley, que sería radicado en el Congreso de la República, causó revuelo debido a que inicialmente se planteó la prohibición de estas aplicaciones, sin contar con las afectaciones que generaría dicha medida.

Marian del Moral, estudiante y usuaria de las plataformas, se mostró en desacuerdo en la prohibición puesto que indicó que estas se ajustan a las necesidades de los usuarios en un país cada vez más costoso.

“Las plataformas deberían más bien ser  reguladas y que paguen impuestos como los servicios públicos porque así debe ser la ley, pero no que sean abolidas porque estas se ajustan a las necesidades de los usuarios”, dijo.

Agregó que: “Deben buscar que sean más seguros y ajustar tarifas para todo tipo de público como lo hacen en la actualidad”.

Ante esto el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, entró a aclarar que antes de presentar la iniciativa será concertada previamente con todos los voceros de las plataformas y otros sectores del transporte. Enfatizó, además, que no se trata de prohibición sino de una regulación.

“No buscamos acabar con las plataformas y menos bloquearlas, queremos que se sometan a unas reglas mínimas”, aclaró el ministro Reyes, quien agregó que para este miércoles, a las 4:00 p.m., sostendrá una reunión con los implicados en este tema para entrar a resolver dudas y buscar un punto de concertación para el proyecto.

José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In – que conglomera empresas de aplicaciones e innovación de Colombia, catalogó el proyecto de ley que pretende enviar a aprobación el Ministerio de Transporte al Congreso como una “bomba atómica” contra las aplicaciones digitales y sobre todo para las 100 mil personas que viven de ello.

“Es completamente desafortunado. Este proyecto contempla bloqueo de las aplicaciones, inmovilizaciones de hasta tres meses para los conductores y multas superiores a $10 millones para los usuarios que nos movemos a través de estas aplicaciones”, contó.

Señaló que espera de la reunión de hoy que no solo haya un diálogo sino también un cambio de enfoque, en donde se pase de la prohibición a la regulación y que se generen reglas de juego claras para operar con normalidad.  

Sobre la férrea oposición del  gremio de taxistas a las plataformas digitales y al servicio ilegal ofertado por los vehículos particulares, López indicó que las aplicaciones son tan necesarias para muchos de estos conductores de taxis quienes se benefician de ellas. 

“La mayoría de los taxistas les sirven mucho las plataformas, en nuestras aplicaciones hay 230 mil usuarios con vehículo tipo taxi registrados, eso significa que los taxistas tienen las aplicaciones que el proyecto de ley quiere acabar, fuente de ingresos con seguridad con plena identificación de sus usuarios”, dijo el directivo, quien agregó que “siempre el interés general debe prevalecer sobre el particular en las decisiones que tomen las autoridades”.

Por otro lado, destacó varios temas que posiblemente se buscaría dejar por sentado en la reunión con el ministro de Transporte Guillermo Reyes, entre los puntos está que haya seguridad jurídica para los conductores de las plataformas digitales, que el servicio se catalogue en el transporte privado, revisar el impacto de la regulación para la llegada de más vehículos y taxis eléctricos a Colombia, además de la revisión de una tarifa dinámica, que lo tienen las aplicaciones de movilidad, para los vehículos tipo taxis para que estos puedan tener “cobros más justos”.

No desconocer la realidad

De acuerdo con Víctor Cantillo, profesor e Investigador de la Universidad del Norte y experto en movilidad, el país está en mora de legislar sobre las plataformas digitales aplicadas en el transporte.

“En la práctica, han estado operando por casi 10 años sin la debida reglamentación. La única norma expedida, hace 6 años, no resolvió el problema. La norma de 2016 no cobijó a las plataformas de amplio uso como Uber, Indriver, Cabify y otras”, explicó.

Cantillo precisó que abordar la reglamentación es complejo, especialmente por la oposición de sectores tradicionales, como los taxistas. Sin embargo, indicó que no se puede ser ajeno a la realidad de que tienen gran aceptación por parte de los usuarios.

“La norma debe establecer las condiciones bajo las cuales se ofrecerá el servicio bajo los principio de eficiencia, seguridad y economía”, resaltó.

Para Juan Fernando Puerta, abogado y director de la Práctica de Transporte en Cuatrecasas, es necesario establecer unas reglas claras para todos los actores del sector transporte y generar, de una vez por todas, certeza desde el punto de vista regulatorio en este tema de las plataformas digitales asociadas a servicios de transporte.

“Las reglas claras van a permitir que tanto usuarios, empresas y conductores de estos sistemas sepan cuáles son los términos y condiciones bajo los cuales se debe que operar en Colombia. Es una realidad y el mercado lo está pidiendo desde hace rato, pues considero que los colombianos necesitamos tener diferentes alternativas para movilizarnos con estándares de calidad y de manera segura”, dijo. 

El abogado precisó que, si bien en principio el uso de vehículos particulares para un servicio público está restringido, el proyecto de ley y la reglamentación que se haga de este es la oportunidad perfecta para establecer unas condiciones mínimas de seguridad, la necesidad de tener seguros de responsabilidad, generar capacitaciones, verificar la condición del conductor del vehículo y la obligación de identificar con claridad de los carros particulares que prestan el servicio asociado a una plataforma digital, tal y como sucede actualmente en otros países.

Sostuvo, además, que este sería el momento también para pensar –si se quiere– de una reforma a las cargas que existen sobre las empresas de taxi, pues esto ayudaría posiblemente a balancear los niveles de servicio para competir sanamente.

Aclaró que lo que no puede pasar es que esas cargas sean la excusa que impida el desarrollo y la implementación de tecnologías como las que actualmente están en discusión.

“Todo parte de un consenso serio, pero reconociendo que hay una necesidad de mercado para que estas plataformas puedan entrar y solucionar la demanda de movilidad que tenemos los colombianos”, puntualizó.

“Hay que hacer cumplir la ley”: taxistas

El gremio taxista en Barranquilla y su área metropolitana apoya la idea de prohibir el uso de plataformas digitales en el transporte,  que usualmente implementan muchos vehículos particulares para prestar un servicio público.

Para Orlinson Villa, presidente de Sinditax, las plataformas “no pueden seguir con su anarquía y su dictadura en el país, queriendo imponer sus propias condiciones”.

Indicó que es el Gobierno quien tiene la obligación de ordenar, hacer estudios y precisar las tarifas mínimas de una carrera. “Vemos con muy buenos ojos que traten de aumentar las sanciones para quien quiera estar fuera de la ley”, dijo. 

Cuestionó la cifra de los posibles empleos ligados a estas plataformas digitales, unos 100 mil, que se perderían de entrar en vigor este proyecto de ley. Señaló que dentro de estas aplicaciones hay conductores que no necesariamente se quedan sin sustento diario puesto que tienen un empleo formal de base.

Entretanto, Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxi, precisó que hacer una regulación para que vehículos particulares presten un servicio público ocasionará un problema mayor. Lo que hay que entrar hacer es —según dijo– cumplir la ley.  

“Regularizarlos sería muy difícil, casi que imposible, porque habría que hacer una modificación a la legislación de transporte y cómo saber además qué vehículo está legalizado o no para prestar el servicio”, sostuvo.

Reiteró que los vehículos particulares no pueden prestar servicio público y para eso el Gobierno nacional definió en su legislación las modalidades de servicio.

“Vemos embolatado ese proyecto como se plantea desde la regularización y eso traería unas consecuencias para el gremio del taxismo que las que está viviendo en este momento”, puntualizó.

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