Nuevo plan para reducir tarifas suma respaldos

El mandatario distrital fue enfático al sostener que “es la única solución viable a mediano plazo. Es un tema que hay que solucionar de fondo”.

El primero en pronunciarse fue el senador Efraín Cepeda Sarabia, quien dijo que era de máxima importancia tramitar este tipo de iniciativas en pro de la población del Caribe, más cuando la inflación llegó al 13 % y eso encareció el servicio de energía.

El congresista expresó su “apoyo total” a la iniciativa del alcalde Jaime Pumarejo; sin embargo, sostuvo que habría que agregarle dos fuentes para poder aplicar la reducción de las tarifas de energía: la primera de ellas la sobretasa del 3 % a las hidroeléctricas.

“Sin duda le dan la espalda a los colombianos y solo privilegia sus altas utilidades como Enel, que incrementó de manera obscena sus ofertas de energía, aprovechando que estábamos en un momento difícil de generación”, explicó.

Cepeda sostuvo que la segunda fuente para integrarse a ese proyecto serían los recursos que están en poder de la Contraloría General de la República que con un fallo fiscal condenó a Electricaribe a pagar una suma cercana a los $200.000 millones.

“Esa suma tiene que ver con esos subsidios que se quedó Electricaribe, que eran de los estratos 1, 2 y 3”, expresó.

El senador conservador fue enfático en afirmar que el dinero está en las arcas de la Contraloría y que tal como él había anunciado previamente, preparará un proyecto de ley para que se pueda aplicar a la reducción de las tarifas de energía del Caribe colombiano.

“De manera que ese proyecto yo lo tengo listo para radicar, pero que podíamos incluirlo aquí en este proyecto que propone el alcalde Pumarejo”, sentenció el senador Conservador.

Añadió que el próximo 7 de febrero fueron convocadas a sesiones extras del Congreso de la República para discutir el Plan Nacional del Desarrollo. Según el líder político podría aprovecharse una reunión previa con el alcalde Jaime Pumarejo para terminar el proyecto de ley, firmarlo y solicitarle al Gobierno nacional que lo incluya en la agenda legislativa de las extras del 7 de febrero para no tener que esperar a las sesiones que inician el 16 de marzo.

A su turno, el senador Pedro Flórez Porras manifestó que la crisis energética del Caribe colombiano, especialmente las tarifas, requieren medidas y soluciones “audaces e inmediatas”.

“La propuesta del alcalde Pumarejo es viable y justa, en la que estoy de acuerdo. Sin embargo, reiteró que la solución definitiva a esta crisis depende del Gobierno nacional y pasa por decisiones como cambiar la fórmula de cálculo de la tarifa, inversión en redes y normalización”, explicó.

Además, indicó que “es muy importante levantar la confidencialidad de la negociación que permitió la venta de Electricaribe. Es clave que la bancada de congresistas del Caribe nos sintonicemos para incluir soluciones en el Plan Nacional de Desarrollo”. Por su parte, el senador José David Name dijo que a él le gustaría conocer en profundidad de qué se trata la propuesta del alcalde Pumarejo y revisar si es viable.

“Lo que sí es real es que las tarifas no bajan y todo el esfuerzo que hizo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, así como el kw/h en bolsa que está a más de 500 pesos con embalses completamente llenos. Nadie entiende cómo es posible. Si hay que hacer algo es cambiar el sistema tarifario en Colombia”, aseveró.

Por su parte, el senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín dijo que la región Caribe necesita una solución a corto plazo para esta problemática que genera inequidad para sus habitantes y pensar en un proyecto de ley que corrija el discriminatorio modelo de cobro en el componente de pérdidas creado por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg). “Es necesario también abordar la dinámica especulativa que existe hoy en el componente de generación de energía que afecta a todos los colombianos por igual. El nuevo periodo legislativo viene con grandes retos y este por supuesto, será una prioridad. Desde el Senado cuenta con mi respaldo”, ratificó Gómez Amín. 

Didier Lobo, senador de Cambio Radical del Cesar, dijo que lo primero que se debe resolver son las pérdidas de energía que representa el 24 %.

“Esas pérdidas la estamos asumiendo los usuarios que sí pagamos y este es un tema que hay que entrar a regular y que nosotros proponemos que sea el Gobierno nacional que entre a regular este tema”, precisó.

Agregó se debe revisar la regulación de los generadores, porque la energía se ha incrementado en un 100 %, así como la estructuración del negocio que se hizo en su momento para saber si efectivamente se están adelantando todas las inversiones por vía tarifa.

Sobre el proyecto del alcalde Jaime Pumarejo, sostuvo que sí es viable sacarlo adelante por lo que apoya la propuesta del mandatario. “A través de esta misma ley entregarle algunas herramientas al Gobierno nacional frente a la reestructuración de los negocios de hidroeléctricas y de esta manera poder coadyuvar al precio de las tarifas”, puntualizó. 

El gobierno del presidente Iván Duque Márquez intervino en 2019 la compañía Electricaribe por las continuas deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica y se inició la búsqueda de un nuevo operador con el propósito de garantizar inversiones estimadas en $7 billones durante 10 años.

En su Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022, el mandatario le informaba al país que el proceso de intervención de Electricaribe y la búsqueda de un nuevo operador se había redireccionado adoptando una serie de medidas que permitieran aumentar la participación, competitividad y probabilidad de éxito de la solución.

En ese sentido, el mercado de la Costa Caribe fue segmentado en dos mercados: Air-e asumió el control de Atlántico, La Guajira y Magdalena, mientras que Afinia se quedó con Cesar, Sucre y Córdoba. Natasha Avendaño, otrora superintendente de Servicios Públicos, suscribió un contrato de fiducia mercantil con la Fiduprevisora S.A. en marzo de 2020 con el que buscaba dar cumplimiento al artículo 315 del Plan Nacional de Desarrollo que autorizaba a la Nación asumir la totalidad del pasivo pensional y prestacional de Electricaribe.

En ese momento, Avendaño afirmó que la Nación sí cumpliría con los derechos y el pago a los trabajadores que gozan de retiro. Es de anotar que el mercado del Caribe atendía, en ese momento, a 2,6 millones de usuarios en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre. Esta cifra correspondía al 23 % de la demanda energética del país. La región ha acumulado durante años un déficit de inversión en sus redes eléctricas, lo cual ha ocasionado índices deficientes en la calidad de prestación del servicio.