Hallazgos fiscales por más de $2 mil millones en Atlántico
La Contraloría detectó en este departamento 59 proyectos en estado crítico, 2 elefantes blancos y 2 obras inconclusas.
La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $2.506 millones en el departamento del Atlántico en el último año, profirió 2 fallos con responsabilidad fiscal por $939 millones y detectó 63 proyectos de infraestructura por $488.939.000 con problemas: 2 elefantes blancos, 2 obras inconclusas y 59 proyectos críticos.
Estas son algunas de las cifras más destacadas que presentó hoy la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Atlántico, en su Rendición de Resultados correspondiente a 2020, realizada mediante una Audiencia Pública Virtual que cubrió los 8 departamentos de la Región Caribe.
Por otro lado, en esta vigencia se articularon veedurías ciudadanas a las auditorías del SGP Cultura y Deporte y a las obras de Reconstrucción de un hito histórico para Puerto Colombia y para el país como es el Bien de Interés Cultural denominado ‘Muelle de Puerto Colombia’.
De igual manera, se destacan los apoyos de la estrategia de control fiscal participativo ‘Compromiso Colombia’ a obras a cargo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) donde se desentrabaron 6 de los 9 proyectos intervenidos.
“Resaltamos una vez más la labor de las Veedurías Ciudadanas y Asociaciones de Padres de familia, demostrando que los mejores resultados se obtienen cuando hay empoderamiento de la ciudadanía en su papel de controladores naturales de la Gestión Pública”, destacó el gerente departamental de la CGR en el Atlántico, Marcial Cano Acuña.
También resaltó el funcionario, los procesos de responsabilidad fiscal que se abrieron como resultado de las auditorías a Electricaribe, en Prone y Normalización de Redes Eléctricas, donde hay alcances fiscales por $6.078 millones.
Caso 1. Electricaribe
Electricaribe canceló recursos por valor de $6.078.514.468 como anticipo para poner en marcha los contratos suscritos con el Ministerio de Minas y Energía para el Programa de Normalización de Redes Eléctricas sin que se acredite la inversión social proyectada los fines previstos en la contratación, suma está considerada como como detrimento al patrimonio del Estado y que dio origen a la apertura de un Proceso de Responsabilidad Fiscal.
Caso 2. Municipio de Baranoa
Hubo un presunto detrimento patrimonial en la ejecución del convenio No.32357, el cual fue aprobado mediante acuerdo No.034-12-10-2009.
Se encontró un grado de vulnerabilidad sísmica, incumplimiento en los planos de diseño y especificaciones técnicas.
El municipio de Baranoa es el ejecutor del proyecto de vivienda en donde aparecen como presuntos responsables fiscales: el contratista de obra, que es la corporación de vivienda Digna, como persona Jurídica, y como persona natural el municipio de Baranoa, a través del entonces Secretario de planeación municipal, Haroldo Daza Polo.
Se presume que la cuantía del detrimento es por valor de $1.021.504.518, en donde aparece como presunto responsable fiscal el señor Gilberto Álvarez Avilez y otros.
Caso 3. Electricaribe
Se evidenció que el proyecto Prone Tiquisio segunda etapa del Contrato 4114000257-2014 no se ha iniciado, con el agravante de haberse generado alteraciones de orden público que motivaron requerimientos al operador de red por parte del ente territorial. a la fecha no se ha perfeccionado la cesión y tampoco se ha prorrogado el contrato.
Seguimiento Covid-19
Se atendieron 28 denuncias bajo el protocolo Covid, las cuales generaron tres intervenciones funcionales y a la fecha se adelanta una indagación preliminar, como producto de una denuncia presentada por presuntas irregularidades en un contrato de suministro de mercados para las familias de los estratos 1 y 2 del municipio de Luruaco, por valor de $443 millones.
