El Heraldo
La ministra María Victoria Angulo dice que el PAE también deberá retornar a los colegios. Cortesía
Atlántico

118 mil jóvenes de la Costa podrán acceder a la educación superior gratuita

La ministra de educación indica que se trabaja en un marco de sanciones e inhabilidades para los proveedores que no cumplan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

María Victoria Angulo, Ministra de Educación Nacional, asegura que el retorno a la presencialidad avanza a buen ritmo en el país, donde el 81,3 % de las sedes educativas oficiales ya reciben estudiantes. En la Costa, el balance alcanza el 63 %, mientras que en Barranquilla llega al 70 %.

Pide celeridad a las secretarías de Educación del Magdalena y del distrito de Santa Marta, porque aún no han iniciado el proceso. También precisa cómo operará la gratuidad en la educación superior. 

P.

¿Cuántos jóvenes podrán acceder a la gratuidad en la educación superior en el país, y puntualmente en la región Caribe?

R.

La ley garantiza gratuidad en la matrícula de la educación pública universitaria, técnica y tecnológica a casi 700.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Para la región Caribe (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre) serán 118.600 estudiantes de pregrado. Serán beneficiarios quienes se encuentren matriculados (antiguos) o que sean admitidos en alguna de las 63 instituciones de educación superior públicas del país (nuevos), en un programa académico de pregrado técnico profesional, tecnológico o universitario.

P.

¿Qué tendrán que hacer los interesados en ingresar a una universidad aplicando a este beneficio?

R.

Deben cumplir con los siguientes requisitos: ser nacional colombiano, estar matriculado en un programa académico de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), en cualquiera de las 63 Instituciones de Educación Superior públicas del país; haber reportado en el momento de la inscripción o admisión que su núcleo familiar habita en una vivienda que pertenezca a los estratos 1, 2 o 3, y no tener título profesional universitario de cualquier Institución de Educación Superior. 

P.

¿El programa Generación E se mantiene?

R.

Sí. La ley aprobada permite incrementar el alcance del componente de Equidad del programa Generación E y del Fondo Solidario para la Educación creado en el marco de la emergencia por la pandemia, permitiendo así que 700 mil estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica  que representan cerca del 97% de la totalidad de estudiantes de la educación superior pública cuenten con gratuidad en su matrícula. Generación E ha beneficiado más de 200 mil jóvenes estudiantes.

P.

¿Cuáles son los cambios qué plantea la ley en el Icetex, y estos serán retroactivos?

R.

En materia de alivios, la ley permite mantener en el tiempo medidas contenidas en el Plan de Auxilios que nació como respuesta al covid-19. Asimismo, modifica los criterios con los que Icetex define el valor a cancelar por los intereses de los créditos cuando inicia el período de pago. Los planes de alivios y de beneficios también podrán ser implementados por otras entidades nacionales y territoriales constituyentes de fondos para el acceso y permanencia en educación superior.

En cuanto a los estímulos, se ofrecerá un menor valor para los créditos educativos de jóvenes con destacado desempeño académico, de investigación o proyección social; también para quienes se acojan a medidas de pronto pago o para quienes mantengan su cartera al día. Es decir, se premiará el compromiso de los estudiantes con su carrera y con el cumplimiento de las obligaciones. Además, se reducirán las tasas de interés que el Icetex cobra en sus créditos, gracias a los cambios implementados en las fuentes de recursos de la entidad. Se estima que estas medidas abarcarán a los más de 140.000 usuarios que hoy disfrutan del Plan de Auxilios, a más de 100.000 usuarios de fondos en administración, y a quienes soliciten servicios. 

P.

¿Cómo avanza el retorno a la presencialidad en los centros educativos del Caribe, en particular en Barranquilla y municipios del Atlántico?

R.

A buen ritmo. Al término de la segunda semana de septiembre, en el sector oficial, que es el que está bajo la responsabilidad directa de gobernadores y alcaldes, 35.619 sedes educativas, el 81,3 % del total ya se encuentra de forma presencial. En la Costa, el avance agregado, en términos de sedes educativas, es del 63 %, algunas secretarías de educación ya ofertan el servicio en más del 80 % de sus sedes, como Bolívar, La Guajira y el Archipiélago de San Andrés y Providencia y los municipios de Montería, Valledupar, y Riohacha. En las secretarías de Educación de Magdalena y el distrito de Santa Marta tenemos un reto mayor, ya que allí los gobiernos departamental y distrital no han dado inicio al proceso de regreso a la clases presenciales en las instituciones educativas públicas.
En municipios del Atlántico, en materia de sedes, vamos en el 57 % y en matrícula en el 38 % y Barranquilla en el 70 % de sedes y 67 % de la matrícula. Es importante redoblar esfuerzos para lograr que todos los niños tengan las mismas posibilidades de interacción, de aprendizaje y desarrollo integral. En la región Caribe hay condiciones para el regreso a las aulas de clase en las que se prestaba el servicio educativo antes de la pandemia, con el valor agregado de que ahora es un regreso con condiciones de bioseguridad para mitigar el riesgo de contagio del covid-19. Hemos entregado cerca $170 mil millones para que con liderazgo de los gobiernos territoriales se preparen las instituciones educativas para el retorno, no obstante como evidencian las cifras no todos los Gobernantes de la región Caribe hicieron oportunamente la preparación para el regreso a la presencialidad y ese es el llamado permanente del Ministerio, avanzar con celeridad como lo requieren los niños y los jóvenes. En las próximas semanas deben los departamentos y municipios culminar las adecuaciones restantes para  alcanzará el 100 % de la oferta educativa de forma presencial.

P.

Pese a la vacunación, docentes se niegan a regresar a las aulas. También hay padres que insisten en que sus hijos no volverán a los centros escolares, e incluso acuden a tutelas. ¿Qué se puede hacer?

R.

Disponer el servicio educativo de manera presencial es un mandato normativo y ético al que debemos responder todos como sociedad. Los avances del sector han sido posibles, gracias al trabajo articulado del Gobierno nacional con las gobernaciones, alcaldías, secretarías de Educación, rectores, docentes y familias. Con convicción y compromiso adelantamos todas las acciones necesarias para reactivar el servicio educativo presencial, con la certeza de que este es el camino y deber para recuperar las afectaciones que la pandemia ha originado en esta generación de niños y jóvenes. Somos respetuosos de las decisiones judiciales y ante las tutelas que se han interpuesto, con diligencia hemos entregado a los jueces los insumos y evidencias que demuestran los beneficios para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre el regreso a su espacio natural de interacción, aprendizaje y desarrollo integral como son las aulas de clase.

P.

En departamentos como La Guajira, Sucre o Córdoba, en particular en las zonas rurales, según el DANE, se disparó la inasistencia escolar en 2020. ¿Cómo retomar y recuperar lo perdido?

R.

La pandemia y el servicio educativo fuera de las aulas tuvieron un impacto en la calidad educativa que no podemos perder de vista que nos exige redoblar esfuerzos para priorizar el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, que se potencian en la interacción entre pares y con los maestros en escuelas y colegios. El retorno a clases presenciales permite evitar y mitigar afectaciones, como el incremento en las brechas de aprendizaje y los efectos emocionales negativos como ansiedad, estrés, depresión, dificultad para la resolución de conflictos, además de los riesgos de maltrato y en algunos casos nutricionales. Para avanzar en la recuperación y fortalecimiento de aprendizajes, diseñamos acciones para cerrar esas brechas, profundizando en el aprovechamiento de los medios, radio, televisión y portales educativos, y articulando otros programas para nivelar competencias básicas y desarrollar las socioemocionales. Además, se busca fortalecer capacidades regionales a través de la Escuela de Secretarías de Educación y de Liderazgo. En septiembre, el Icfes iniciará la aplicación de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°, cuyos resultados serán claves para precisar los retos. En las entidades territoriales con mayor inasistencia y zonas rurales, se dinamizará la búsqueda activa, el acompañamiento a maestros, niños y jóvenes con el programa de más y mejor educación rural que contempla recursos orientados a la aceleración de aprendizajes, mejoramiento de las condiciones en infraestructura educativa, dotaciones y estrategias de permanencia.

P.

El PAE sigue siendo un dolor de cabeza para los departamentos de la Costa, según denuncias de la Contraloría General. ¿Por qué no se logra superar esta situación?

R.

Trabajamos de manera conjunta con los órganos de control para que el Programa de Alimentación Escolar cumpla con los requisitos de calidad, inocuidad y transparencia. Desde el inicio del calendario escolar, la Unidad de Alimentos para Aprender ha hecho acompañamiento territorial a las secretarías y se han hecho los reportes correspondientes a la Procuraduría y a la Contraloría para adoptar las medidas del caso.
En pandemia, con las Secretarías de Educación, se logró que el PAE fuera entregado para consumo en casa, pero en la actualidad se debe retornar y entregar este complemento nutricional en los colegios. A la fecha, solo Atlántico, Cartagena, Valledupar y Riohacha, han hecho el cambio a ración servida en sitio, y Barranquilla, Bolívar, La Guajira y Cesar están en modalidad de ración industrializada. No obstante, Magangué, Magdalena, Ciénaga y Sahagún, Sincelejo, Sucre, y Córdoba no han hecho lo requerido y continúan entregando PAE para consumo en casa. 

P.

¿Dónde está el ‘cuello de botella’ en el Programa de Alimentación Escolar: por qué los contratistas no cumplen, o en el peor de los casos, incurren en corrupción?

R.

Es claro que tenemos desafíos de muy corto plazo y  tienen que ver con que todas las secretarías de educación en el retorno a la presencialidad, entreguen el PAE en las instituciones educativas, esto es vital para la permanencia y para el proceso de retorno. Por otro lado, hay un reto que tiene que ver con contar con un marco de sanciones e inhabilidades para los proveedores que no cumplan con la calidad de los productos y el manejo de los recursos. Hoy cursa en el Congreso un proyecto de ley para implementar inhabilidades y sanciones a quienes incumplan. Finalmente, la cadena de abastecimiento, transporte y entrega de alimentos tiene que tener todo el rigor para que no se afecte la calidad del servicio. Estamos trabajando con diferentes sectores que nos permitan asegurar niveles de control de cantidad y calidad en las entregas y se deben informar todas las novedades para que se tomen los correctivos contenidos en el contrato.

La ministra Angulo visitó uno de los colegios de Barranquilla en compañía de la secretaria de Educación Distrital, Bibiana Rincón. Cortesía
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