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Atlántico

“Preocupación” por el futuro de la APP del Canal del Dique

Las autoridades locales piden celeridad en planes para atender riesgos por posible desbordamiento del cuerpo de agua. Hablan los congresistas.

Luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunciara la decisión de suspender indefinidamente el proceso de adjudicación de la APP del Canal del Dique, los mandatarios y habitantes de la zona de influencia no ocultaron su preocupación debido al “incierto futuro” de las soluciones a problemáticas históricas como las inundaciones. 

El alcalde de Campo de la Cruz, Richard Gómez, manifestó su incertidumbre debido a que la APP del Dique se había proyectado como un avance para la región: “Tenemos que esperar hasta que se defina la acción de tutela que permitió la suspensión de la adjudicación de esta APP”.

Por su parte, el alcalde de Suan, Danilo Cabarcas, dijo que la “suspensión indefinida” que anunció la ANI referente a la adjudicación de la APP del Canal del Dique no es tan “incierta”, ya que esta se debe reanudar una vez la Corte Constitucional resuelva la acción de tutela presentada por las comunidades donde están pidiendo precisamente que se haga la socialización de ese proyecto.

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“Incluso, esa socialización del proyecto ya se inició hacen unos días en Suan y en estos días vamos a tener otra socialización, entonces muy seguramente el juez o a quien le corresponda resolver esa acción de tutela”, sentenció.

Por último, sostuvo que este proyecto “debe ser una realidad para el bienestar de la de la zona sur del Atlántico”, puntualizó.

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A su turno, Efraín Cepeda Tarud, presidente de Intergremial Atlántico, indicó que –ante la situación que se ha presentado– habría que esperar que la Corte Constitucional decida sobre la acción de tutela que dio lugar a la suspensión temporal del proceso de adjudicación de la APP del Canal del Dique.

“Destacamos que la ANI mantenga la programación de las mesas de diálogo y concertación con las comunidades y los actores directamente interesados en ese proceso, para avanzar justamente en la atención de la solicitud de quienes instauraron la tutela. Todos quedamos a la expectativa de la decisión que tome la Corte Constitucional”, sostuvo.

Hablan los congresistas

 

Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Atlántico, dijo que la situación que viven los habitantes de 19 municipios en Atlántico, Bolívar y Sucre es “muy delicada” y con la incertidumbre que en cualquier momento se desborde el Canal del Dique y vuelva a ocurrir una emergencia como la del 2010.

“Por eso la adjudicación de la megaobra del Canal del Dique no se puede dejar al azar. Este es un proyecto que viene con varios inconvenientes desde la administración anterior”, dijo el congresista del Pacto Histórico.

Expuso, además, que “la obra se intentó adjudicar días antes de que finalizara el periodo del expresidente Iván Duque con una serie de irregularidades, entre esas que no se había consultado a las comunidades. Estábamos ante un proceso con graves problemas de estructuración y un único proponente”. 

Por su parte, Dolcey Torres, representante a la Cámara, dijo que fue una decisión acertada al decidir suspender indefinidamente el proceso de adjudicación de la APP Canal del Dique mientras la Corte Constitucional decide la competencia judicial de quien finalmente fallará la acción de tutela.

“El fallo será importante en la medida que reconozca la petición de la comunidad para que se realice la consulta previa, paso obligatorio en este tipo de procesos. Ahora lo que sí es urgente es emprender las obras para mitigar los riesgos de inundación de todos estos municipios”, analizó.

El proyecto

La APP del Canal del Dique, según los datos entregados por el Gobierno nacional, contempla una longitud de 115,5 kilómetros entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.

En dichas obras se contemplan un sistema de compuertas en Calamar, así como esclusas en Calamar y Puerto Badel, con el fin de evitar la entrada no controlada de caudal y grandes cantidades de sedimentos al sistema.

La ejecución de estas obras, como su respectivo mantenimiento, se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y estima la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.

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