Desde el Gobierno nacional se viene barajando una serie de opciones para hacer frente a la crisis financiera de la empresa Air-e con el firme propósito de evitar afectaciones al sistema energético nacional y alejar un posible racionamiento en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La Superintendencia de Servicios Públicos, que lidera el proceso de intervención en la compañía, viene afinando una propuesta que consiste en establecer una nueva especie de opción tarifaria para así contar con los recursos necesarios para solventar los compromisos financieros de la compañía con los generadores de energía, que asciende a 1.2 billones.
De acuerdo con la información conocida por EL HERALDO, este mecanismo estaría sustentado en una serie de medidas que han sido anunciadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para lograr una nueva reducción de las tarifas de energía en todo el país.
Cabe recordar que, días atrás, se anunció la implementación de una nueva metodología de comercialización –que debería entrar en vigencia en las próximas semanas– y que conllevaría a reducciones de hasta 5 % en las tarifas de energía.
Sin embargo, lo que se ha venido planteando desde la Superservicios es que este alivio no se haga efectivo a los usuarios de manera inmediata, sino que los recursos se destinen para saldar parte de las deudas que tiene vigente la empresa.
El retorno de dichos recursos, de acuerdo con lo expresado por una alta fuente del sector energético en el país, se haría de manera gradual a los usuarios, teniendo en cuenta que el Fondo Empresarial no cuenta con el músculo financiero para apalancar el proceso.
Es de anotar que, de acuerdo con la normatividad que se encuentra, la Creg deberá adelantar el correspondiente estudio de la medida su posterior aprobación e implementación.
Preocupación desde sectores
Esta propuesta no ha sido bien recibida entre algunos gremios del sector energético y usuarios, teniendo en cuenta que corresponde a un “nuevo golpe” tras años de sufrimiento por la opción tarifaria que fue heredada de la pandemia.
Y es que, de acuerdo con información que han consolidado los gremios energéticos, los usuarios regulados de Enel (Bogotá), Emcali (Cali), CEO (Cauca), DISPAC (Chocó) y CETSA (Tuluá) ya pagaron la opción tarifaria. Se trata de cerca del 30 % del total de usuarios del país.
De acuerdo con dichos cálculos, los saldos de la opción tarifaria son cercanos actualmente a $2.5 billones para los estratos 1, 2 y 3, de los cuales, “cerca del 20 % corresponderían a subsidios que son una obligación del Estado”.
Asimismo, la radiografía hecha del sector ha permitido establecer que los usuarios de los estratos 5, 6 y comerciales ya están pagando una sobretasa del 20 % como contribución para financiar subsidios y “les pondrían a pagar otra sobretasa tasa por opción tarifaria”.
A su turno, Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la Costa Caribe, expresó que esta “propuesta inédita” va en contravía de los intereses de los ciudadanos.
“Exigimos que la totalidad de la rebaja tarifaria alivie las pesadas cargas de los usuarios. El asunto de fondo es que la Superservicios y su Fondo Empresarial no han cumplido con los mandatos legales en cuanto mantener a flote la empresa Air-e”, recalcó en diálogo con EL HERALDO.
Y agregó que “ahora quieren acudir a los golpeados usuarios cuando está por venir un alivio en las tarifas eléctricas como producto de las luchas de las organizaciones de usuarios y fuerzas vivas de la Costa Caribe que fueron escuchadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico al proferir medidas cautelares que ordenaron al Gobierno poner fin al régimen tarifario especial contra los caribeños”.
