A través de la Dirección de Control Urbano, la Secretaría del Interior, la Gerencia de Espacio Público y la Inspección de Policía, la Alcaldía de Cartagena impuso un sello de suspensión a una de las obras de ampliación del aeropuerto Rafael Núñez, debido a que el operador no presentó la autorización correspondiente para poder adelantar los trabajos.
El detonante de la problemática inició cuando la comunidad empezó a denunciar sobre las posibles afectaciones sociales, civiles y medioambientales, generadas por las mismas obras de ampliación del aeropuerto en el barrio Crespo.
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Una de las alertas de la comunidad fue la declaratoria de predios privados o propiedades de particulares como de utilidad pública para poder ser expropiados. De esta forma, la Alcaldía inició una serie de medidas legales, dentro de las cuales se encuentra la solicitud formal a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la Aeronáutica Civil y a Oinac —operadora del Aeropuerto Rafael Núñez—, la copia del expediente que contiene la resolución que declara de utilidad pública los predios que serán objeto de expropiación para las obras de ampliación.
“Esto con el fin de revisar la actuación y decidir sobre el medio de control (acciones judiciales) que se adelantarán para defender nuestra autonomía territorial y nuestro ordenamiento del territorio. El cual, al parecer, se está viendo vulnerado debido a una ampliación que desconoce la planificación de nuestra ciudad, los usos del suelo y que no garantiza la armonía de nuestro territorio; y eso sin mencionar el estrés que han generado en todo un barrio”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.
En el oficio dirigido a Óscar Torres Yarzagaray, director de la ANI; Carlos Cuartas, gerente de OINAC; y a José Pinto, director de la Aeronáutica Civil, el mandatario reseñó que el Plan de Ordenamiento Territorial se crea en cada municipio para dar un orden urbanístico al territorio, y en este se indica la compatibilidad de uso de suelo para que una actividad ya sea comercial, institucional, industrial, entre otros pueda desarrollarse en un determinado sector de la ciudad.
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“De conformidad con lo anterior, se indica que el Distrito de Cartagena de Indias es garante de la autonomía territorial otorgada constitucionalmente; así mismo, se informa que somos garantes del cumplimiento de las normas urbanísticas de las cuales las autoridades nacionales no se encuentran exentas. En ese marco, la ampliación del aeropuerto está supeditada a la planificación de nuestro territorio, la cual debe armonizarse con los usos del suelo y guardar plena armonía con el entorno de las obras”, expuso Turbay en el escrito.
Y agregó: “En ese contexto, consideramos que la Resolución No. 20232000003805 del 31 de marzo de 2023 desconoce presuntamente dichos presupuestos, por cuanto la declaratoria de utilidad debería responder al interés general que se encuentra plasmado en el plan de ordenamiento territorial”.
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Así las cosas, el Distrito espera la copia de la resolución solicitada para evaluar la procedencia del medio de control respectivo; y requirieron el expediente administrativo correspondiente a la declaratoria de utilidad pública decretada mediante Resolución No. 20232000003805 del 31 de marzo de 2023, por la cual se declara de utilidad pública e interés social el Proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada “Aeropuerto de Cartagena”, con todos sus anexos.
