Una preocupante situación rodea a varios de los alcaldes municipales en el Atlántico, a causa del estado en que encontraron sus municipios.
El mal estado de las instalaciones y las exorbitantes acreencias que presentan sus entidades territoriales se han convertido en su 'dolor de cabeza' en medio del inicio de sus actividades administrativas.
En Juan de Acosta, por ejemplo, un cuadro de Simón Bolívar colgado en la pared del despacho fue la única 'herencia' que Carlos Higgins encontró, el pasado primero de enero, al llegar hasta las instalaciones de la Alcaldía.
'El despacho de la Alcaldía lo encontré vacío. No he podido trabajar de la mejor forma en el despacho porque aquí no dejaron ni un bolígrafo con el que escribir', aseguró el mandatario mientras se ubicaba en una silla plástica para atender a varios ciudadanos.
En el primer recorrido que realizó por la sede de la Alcaldía –ubicada a un costado de la Iglesia que rinde honor a San Juan Bautista–, el burgomaestre pudo constatar que los aires acondicionados no funcionaban, mientras que las paredes muestran profundas grietas y los archivos estaban arrumados en una de las oficinas desmanteladas.
'La institucionalidad aquí se perdió. No solo la sede de la Alcaldía está abandonada, también encontramos la Casa del Adulto Mayor en un deplorable estado, mientras que la Casa de la Cultura fue entregada en comodato a un grupo de privados', agregó el mandatario, quien aseveró que la situación fue puesta en conocimiento de los entes de control.
Higgins aseveró que las primeras tareas administrativas las han realizado con elementos que han sido donados por habitantes del municipio, mientras se logra poner en marcha el Plan de Adquisición y Compras de la presente vigencia.
Asimismo, el alcalde sostuvo que encontró un municipio sumido en una fuerte crisis económica, que se refleja en las acreencias laborales que actualmente superan los $22.500 millones.
'Vamos a empezar a cancelar las acreencias que tiene el municipio. Estoy organizando la casa, esa es mi principal labor', agregó Higgins.
Ley 550 en Sabanalarga. Uno de los objetivos que Jorge Manotas se ha planteado para su periodo como alcalde de Sabanalarga ha sido mejorar la situación financiera que vive el municipio, en el cual se avanza en la ejecución de los compromisos de la Ley 550 de 1999 o Ley de Quiebras.
'La Ley 550 ha sido una ventaja para que la situación del municipio no sea más caótica. Hay algunas cosas para corregir con relación a la aplicación de esta ley, porque las cosas no están tan graves en materia financiera', aseguró el burgomaestre.
Indicó, además, que planean efectuar pagos por más de $12.000 millones en medio del plazo final para la ejecución de los compromisos de la Ley 550 de 1999, los cuales finalizan en el año 2025.
'Financieramente tenemos que mejorar en ingresos propios, que la comunidad se conecte con la necesidad de pagar sus tributos, que a la larga se convierten en obras para su beneficio', agregó el mandatario.
