Uno de los peores dramas que enfrentó la Región Caribe en 2016 fue la imposibilidad para detener efectivamente, de una vez y por todas, las muertes de niños por causas asociadas a desnutrición en La Guajira. Muy a pesar de las alarmas, de los reclamos, de las solicitudes internacionales de medidas cautelares, de las intervenciones y de los planes de acción puestos en marcha por el Gobierno Nacional, siguieron llegando los reportes de más y más casos, a cuenta gotas pero incesantemente, hasta que alcanzaron una escandalosa cifra de 89 fallecimientos.
No deja de ser menos triste comprobar en los primeros días de 2017 que el problema continúa como si nada, y tanto la comunidad como los organismos gubernamentales encargados de velar por la protección de los derechos de la niñez parecen condenados al papel exclusivo de testigos, sin posibilidad real de acción.
Está suficientemente comprobado que el panorama entraña profundas complejidades que dificultan una actuación más eficiente, dado que convergen una multiplicidad de factores, algunos de los cuales han estado pendientes desde hace décadas y todavía hace falta resolverlos. Entre ellos, falencias en la prestación de servicios públicos, acceso al agua y atención en salud; incluso hay quienes reclaman mayor compromiso de la propia etnia wayuu. Lo cierto es que algo debería poder hacerse para tomar las riendas de la situación y propiciar el cambio de fondo que se requiere para que los niños indígenas dejen de morir de hambre.
El que no hayamos logrado interrumpir el doloroso ciclo del drama wayuu comprende un terrible fracaso para toda Colombia como Nación, pero en particular para los costeños, y especialmente para la dirigencia política guajira.
Ya van tres niños fallecidos en lo que va del nuevo año. El último de ellos, un bebé de dos meses, murió en una clínica de Barranquilla, a donde tuvo que ser trasladado para ser atendido de urgencia por especialistas que pudieran manejar su caso. Su familia dice que no tenía dinero para acompañarlo en la ciudad, y que el traslado fue contra su voluntad. Previamente se había reportado el caso de un bebé de 18 meses que falleció en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Maicao. Según líderes wayuu, murió esperando que lo remitieran a un centro especializado.
Detrás de cada caso está la historia de la tragedia que vive una familia, pero además, se pueden vislumbrar las fuertes raíces socioeconómicas del problema. Se ve potenciado por las deficiencias de un sistema de salud resquebrajado, que ha demostrado su incapacidad para atender a un porcentaje importante de la población, y también por elementos culturales que poco contribuyen en la siempre irresoluta misión de preservar la vida.
