Ante la no refrendación del Acuerdo que el gobierno había suscrito con las Farc después de 4 años de diálogos en La Habana, el domingo un paciente afiliado a una aseguradora del régimen contributivo y que ha tenido dificultades de todo tipo para poder recibir los servicios médico-asistenciales que requiere, me preguntó si no se había pensado en firmar un acuerdo con las EPS en Colombia para que así se les pueda exigir que les garanticen a los pacientes los derechos a la salud y a la vida.

Al respecto pienso que con seguridad la mayoría de los ciudadanos de este país estaría gustoso de aprobar sin mayores cuestionamientos que estas entidades que han recibido la confianza del Estado para manejar los cuantiosos recursos públicos de la salud, suscribieran y cumplieran un acuerdo para que de una vez por todas se hagan reales esos dos derechos fundamentales, que sin lugar a dudas, han venido siendo vulnerados de manera reiterada y sistemática en Colombia.   

Uno de los puntos obligados de este acuerdo sería el compromiso que tendrían que cumplir las aseguradoras tanto del régimen contributivo como del subsidiado: hacer un uso respetuoso de los recursos públicos de la salud, tal y como lo establecen las normas vigentes al respecto en Colombia. Para eso deben destinarlos solo para la atención en salud de la población afiliada, dejándolos de utilizar en fines distintos como hasta ahora varias de ellas lo han venido haciendo. También deberán comprometerse a no seguir con algunas prácticas que desfinancian al sistema, como la realización de cobros dobles al Fosyga por personas que aparecen repetidas en la base de datos, por medicamentos o servicios prestados a personas muertas, por reembolsos a nombre de pacientes que no aparecen en la base de datos única de afiliados, por insumos y medicamentos que estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, tal y como fue informado por los medios hace solo un par de semanas, llegando ese defalco a montos que oscilan entre los $3.000 millones y $1,6 billones.

Otro punto de ese acuerdo debería incluir el cumplimiento por parte de estas aseguradoras de salud en garantizarles a cada uno de sus afiliados el acceso expedito y sin ningún tipo de barreras a todas y cada de las actividades, atenciones, intervenciones, así como a los procedimientos, medicamentos e insumos en cada una de las fases de la atención: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico oportuno, tratamiento integral, rehabilitación y cuidados paliativos, en los términos fijados por la Ley Estatutaria de Salud sancionada en el 2015 para proteger el derecho a la salud. 

Además de responder penal, disciplinaria y fiscalmente por lo actuado, y devolver la plata que se han tomado indebidamente del sistema, un punto infaltable del acuerdo sería que las EPS pidieran perdón público genuino a sus miles de víctimas que aún siguen vivas, sin olvidar que muchas ya murieron por absurdas negaciones de atención. Es innegable que a las víctimas de las EPS también les asiste el derecho al restablecimiento de la verdad, la justicia, la reparación y la dignificación, así como la garantía de no repetición de estas prácticas ocurridas a lo largo de todos estos años que les impidió disfrutar el derecho a la salud y a la vida misma. ¿Les suena este acuerdo? 

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