Es curioso cómo los grupos sociales interesados en la continuidad de la guerra se van inventando fábulas y cuentos chinos con el propósito de atemorizar a la población colombiana y ‘prevenirla’ frente al proceso de paz. Uno de los más cacareados es el de la supuesta ‘entrega del país’ a las Farc, por un lado aceptándoles todas sus exigencias en la mesa de negociaciones, y por el otro permitiéndoles su participación política a través de las elecciones.

No es mi intención opinar aquí sobre las concesiones que pudiese estar haciendo el gobierno de Santos en La Habana, y quien tenga interés en profundizar en ellas puede perfectamente leer los textos de los pre-acuerdos, disponibles en línea, y sacar sus propias conclusiones.

Sin embargo, en cuanto al punto del miedo a la participación electoral de las Farc, tan solo para hacer memoria, revisé algunos datos sobre tres procesos históricos para el país: el número de escaños obtenidos en el Congreso por el M19 después de su desmovilización en el año 1990, las curules alcanzadas por el Partido Centro Democrático, años después de la desmovilización de las AUC, la cual se dio en el año 2006, y el genocidio de la Unión Patriótica después de su conformación en 1985, como una convergencia de fuerzas políticas producto del proceso de negociación adelantado entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las Farc.

En el primer caso, a pesar de la popularidad de un dirigente como Carlos Pizarro y del resentimiento generado contra el establecimiento en muchos sectores de país por su asesinato en plena campaña presidencial, justo después de la Constituyente, el M19 se presentó a las elecciones legislativas del año 1991 y obtuvo 9 curules en el Senado y 13 curules en la Cámara de Representantes, lo cual constituía mucho menos del 10% de la totalidad del Congreso de la República.

En el segundo caso, una vez creado el Partido Centro Democrático en el año 2013, se presentó a las elecciones legislativas del año 2014 y pese a todo el reconocimiento social y político del expresidente Álvaro Uribe, y del peso electoral regional de muchos de quienes integraban su lista, tan solo obtuvieron 20 curules en el Senado y 19 en la Cámara, lo cual representaba un poco menos del 20% de la composición del Congreso.

A partir de estos dos antecedentes creo que, aún para la persona más optimista, o pesimista, dependiendo del ángulo que se vea, sería inimaginable pensar que un movimiento político de las Farc en un escenario de postconflicto pudiera llegar por la vía electoral a una representación mayoritaria en el escenario legislativo colombiano, como para deducir entonces que se les estaría entregando el país.

Lo que sí me parece preocupante es el tercer caso que traigo a colación. Pues tal como lo reseña el Editorial de El Tiempo, del 11 de Julio de 2013, la persecución a la Unión Patriota, que fue más intensa entre finales de los 80 y comienzos de los 90, dejó más de 5.000 de sus militantes muertos, incluidos dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal (1987), y Bernardo Jaramillo Ossa (1990), 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.

Si hablamos de fortalecimiento de la democracia, se podría decir que en el ámbito político, el máximo triunfo que se esperaría del Gobierno Nacional en la mesa de negociaciones sería el de convencer a las Farc de que renuncien a las armas y que confíen en que es por la vía de las instituciones legales a través de las cuales deberían continuar la lucha por su proyecto político, pues prohibirles que lo tengan sería en sí mismo inconstitucional. Así es que, más que por la entrega del país a las Farc, cuento que tan solo se tragarían los más incautos, el problema real está en cómo garantizar que los espacios institucionales de la acción política permitan que allí se puedan expresar y debatir distintas concepciones sobre el futuro de Colombia, pero sobre todo, que los distintos actores se mantengan vivos para poder argumentarlas.

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