Hace ya 35 años que los españoles, recién salidos de la dictadura del general Francisco Franco, aprobaron en un referéndum la Constitución que marcó la recuperación democrática. Como todos los años, el festivo se celebra con un sinfín de discursos y entrevistas acerca de la salud de estas leyes fundamentales. Este 6 de diciembre las críticas y presiones contra la Carta Magna son más contundentes que nunca.

Como es ya habitual, los partidos nacionalistas de Cataluña, País Vasco, Navarra o Galicia boicotean el festivo nacional. El aumento de las tensiones separatistas en tierras catalanas, hoy por hoy, representa el mayor desafío al orden constitucional. Pero también los diferentes movimientos sociales que han surgido y crecido con la crisis económica de los últimos años exigen una revisión profunda de las leyes fundamentales para acabar con lo que consideran un sistema político obsoleto. Algunos se inspiran en los procesos constituyentes en América Latina.

El gobierno conservador de Mariano Rajoy no quiere ni debatir sobre la conveniencia o no de reformar la Constitución. En esto sigue la línea de todas las administraciones anteriores, tanto del Partido Popular como de los socialistas del PSOE. Curiosamente, estos dos partidos sí que ven la necesidad de modernizar aspectos de la Carta Magna cuando están en la oposición, pero se olvidan de los buenos propósitos en cuanto llegan al poder.

En este sentido, no extraña que el PSOE ahora propone una serie de cambios constitucionales que no les interesaban durante los ocho años de gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La parte más importante es la creación de un Estado federal para acomodar las pretensiones de los nacionalistas catalanes.

Este plan del PSOE ya ha chocado con la negativa de Rajoy, del propio Rodríguez Zapatero e incluso de Miquel Roca, uno de los siete padres de la Constitución y un dirigente histórico de los nacionalistas catalanes de CiU. Los tres aseguran que un texto reformado hoy no obtendría el mismo respaldo amplio de la sociedad como aquel 88,5% en el referéndum de 1978. Este ha sido el argumento del establishment ante cualquier conato de cambiar partes de la Constitución durante las últimas tres décadas. Tocarla significaría abrir la caja de Pandora con consecuencias imprevisibles.

Las dos principales fuentes de presiones para una reforma, los independentistas y los movimientos sociales, confluyen en Cataluña. Las tensiones separatistas han aumentado en parte porque mucha gente que se manifiesta en las calles por un profundo cambio del sistema político ha llegado a la conclusión de que eso es imposible dentro del Estado español y cree que sería más factible conseguirlo en una Cataluña independiente.

Evidentemente, un debate sobre la reforma de la Constitución conlleva riesgos. Pero es ingenuo pensar que basta con cerrar los ojos y esperar que estas presiones se esfumen en cuanto acabe la crisis.

@thiloschafer