El Heraldo
Jhoander Uriana, la más reciente víctima, fue sepultado en Taloulumana. Héctor Palacio
La Guajira

La miseria en la que viven los niños wayuu que mueren de hambre

En Katalamana y Taloulumana, Alta Guajira no hay agua, ni un puesto médico cercano. Se palpa el abandono del Estado.

Evelina Epieyú Pushaina no levanta la cabeza desde que su hija de quince meses de nacida murió por desnutrición crónica, agravada por un cuadro diarréico agudo.

Allí en la ranchería Kalatamana, zona rural del municipio de Manaure, se vive en la pobreza, sin agua potable, sin saneamiento básico, en medio del abandono del Estado.

“Después de que murió la niña trajeron agua en carrotanques y unos señores de Bogotá, que llegaron aquí, nos dijeron que iban a traer comida”, dice la madre en medio del dolor que siente porque  “es que nadie quiere ver morir a un hijo”.

La muerte de su hija Deyanira ocurrió el mismo día en que se presentó la de otra menor, en la ranchería Kachuana de esa población guajira, denuncia Javier Rojas, representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipia Wayuu, quien ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de “exigir el derecho al acceso al agua para los indígenas wayuu”. Lea además: “Gastan $100.000 millones para niños, pero siguen muriendo de hambre”.

Denuncias y amenazas
Rojas dice que por desnutrición crónica no solo han muerto estos tres niños, sino “muchos más”.

“Es por la falta de agua y de alimentos, y porque no toman las medidas cautelares. El Bienestar quiere silenciar a esas familias regalándoles mercados”, afirma el líder indígena, quien se encuentra fuera de La Guajira por las amenazas que ha recibido, debido a las continuas denuncias que ha formulado por estos casos.

La situación de la familia de Deyanira es crítica porque la plata no alcanza para criar a sus hijos, de entre los 2 y 6 años. Además, Evelina Epieyú está en su quinto mes de embarazo.

Cuenta que su esposo, Reynaldo Ángel González, se gana la vida en una charca de sal. “Hay días que no consigue ni para comer. Los niños muchas veces toman chicha de maíz todo el día”, cuenta apesadumbrada.

Población en riesgo
De los 26 menores que han muerto este año, 14 casos han sido por desnutrición, dice el secretario de Salud de La Guajira, Gonzalo Araújo. Dirigentes locales afirman que es necesario adoptar “medidas urgentes” teniendo en cuenta que de los 957.797 habitantes que tiene este departamento, 346.980 son menores de 14 años.

La microfocalización que realiza el Bienestar Familiar, cuyo resultado final se entregará en diciembre, reveló que en 694 rancherías de Uribia, Manaure y Maicao habitan 84.000 personas, de los cuales el 3,2% son niños de entre 0 y 5 años, que padecen desnutrición aguda, es decir tres veces por encima del promedio nacional.

Esa misma evaluación arrojó que el 75% de los niños presenta retraso y riesgo de talla baja, con relación a la edad, y que el 65% de los menores de dos años no ha recibido otros alimentos distintos al de la leche materna.

Otro factor preocupante es que el 24.7% de las mujeres gestantes presenta bajo peso, y el 50% tiene problemas de desnutrición.

Crisis humanitaria
En la ranchería donde vivía Deyanira, ubicada a una media hora en vehículo desde el casco urbano de Manaure y a dos horas y media de Riohacha, deben caminar 20 minutos para buscar agua al pozo más cercano o hay que comprarla a 500 pesos la pimpina, como ocurre más al norte.

La Defensoría del Pueblo en su informe “Crisis humanitaria de La Guajira” dio a conocer que a finales de 2014 en Uribia, Maicao, Manaure y La Jagua del Pilar, donde se ha registrado un alto porcentaje de muertes por desnutrición, tenían los índices más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas.

Las poblaciones de Uribia y Manaure manejaron indicadores de hacinamiento y falta de vivienda por encima del 50%.

Opinión de médicos
Uno de los pediatras que más conoce esta crisis en La Guajira, Abudi Dasuki, estima que en Maicao dos de cada diez niños que atiende tienen algún grado de desnutrición. Dice que en esta emergencia confluyen la corrupción administrativa, la falta de acceso de la población indígena a los sistemas de salud, la escasez de agua, la falta de manejo del niño desnutrido e, incluso, la irresponsabilidad de los padres. “Una vez me sorprendí porque mientras atendía a un niño desnutrido, la mamá respondió una llamada con un celular de alta gama. En otras, el padre está borracho esperando afuera.

El cirujano Víctor Frías afirma que desde 1991, cuando se registró una epidemia de cólera en La Guajira, empezó a evidenciarse el grave problema de desnutrición en los niños.

El caso de Jhoander
El pasado 30 de diciembre, una semana después de la muerte de Deyanira, en la comunidad de Taloulumana, en la zona de Bahía Honda de la Alta Guajira, murió Jhoander Uriana, de nueve años, quien además de desnutrición tenía parálisis cerebral.

Según el líder Rojas, el menor había sido atendido en Uribia, pero fue dado de alta a pesar de que las autoridades de salud se comprometieron a brindarle toda la atención.

En Taloulumana, Alta Guajira, el panorama para Jhonander era muy similar al de la pequeña Deyanira: vivía en la más absoluta pobreza y con las mismas necesidades de agua, alcantarillado, la ausencia de un centro de salud cercano y la falta de apoyo para sobrevivir con un cultivo para el autoconsumo.

La familia vive en una casa de bahareque con piso de tierra, rodeado de terreno desértico y de los seis chivos que cría su mamá Lilia Uriana para poder subsistir con la única hija de 11 años que ahora le sobrevive.

El secretario de Salud, Gonzalo Araújo, afirmó que Jhonander sufría de parálisis espástica, lo cual no le permitía ingerir alimentos sólidos y eso le provocaba infecciones respiratorias.

La directora nacional del Frente Parlamentario Contra el Hambre, la senadora Sofía Gaviria, responsabilizó al ICBF de este nuevo caso: “Es totalmente intolerable que este niño haya muerto después de que, desde hace meses, estábamos advirtiendo la gravedad de su situación y de que el instituto se había comprometido a prestarle la atención debida”, aseguró.

Muchos recursos, pocos resultados
En La Guajira, pese a que la Gobernación, el Bienestar Familiar, el Departamento para la Prosperidad Social y las agencias de cooperación internacional, entre otras entidades, invierten anualmente $100 mil millones en programas alimentarios, los índices de desnutrición infantil no disminuyen. La administración anterior destinó $102 mil millones en el programa Guajira sin Hambre, a lo que se suman los $32 mil millones para resguardos indígenas con los mismos objetivos. En Manaure destinaron$13 mil millones en asistencia médica integral y recuperación nutricional para 2.000 familias, por $8 mil millones; otro es la recuperación nutricional a menores de 5 años con desnutrición, así como mujeres lactantes que cuesta $978 millones. Otro es el fortalecimiento económico de las comunidades a través de estrategias de seguridad alimentaria y nutricional, por $4.213 millones.

Respetar a los wayuu
Para la Defensoría del Pueblo la ineficacia del Estado en esta crisis obedece, en gran medida, al escaso conocimiento de la realidad en las comunidades indígenas. “En particular el Gobierno, tanto nacional como departamental, rara vez ha valorado el enfoque diferencial bajo el que debe abordarse la asistencia al pueblo wayuu”, asegura.

El pediatra Spencer Rivadeneira, quien ha atendido a numerosos niños con desnutrición en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios, hace énfasis en que “es necesario dar un giro” en lo que tiene que ver con el enfoque diferencial. “Cuando un wayuu llega a la consulta no lo entendemos, no conocemos sus costumbres, no manejamos su lenguaje y eso hay que cambiarlo”, opina.

Considera que es necesario establecer una relación más efectiva entre médicos y pacientes porque los especialistas no hablan wayuunaiki. “Por eso los wayuu muchas veces no quieren ir a los hospitales”, enfatiza.

En los pasillos de los centros asistenciales la opinión de médicos y enfermeras es que el problema del hambre también está relacionado con las costumbres indígenas. “Muchas veces son los mismos wayuu los que dejan morir a sus niños porque no aceptan la atención en los hospitales y porque en las rancherías quien come primero es el hombre y después los niños”, explica una nutricionista a la que le ha tocado visitar las zonas afectadas.

El antropólogo Weildler Guerra Curvelo explica que para los wayuu “la intervención del cuerpo es algo más delicado porque los indígenas lo valoran de una manera distinta a los arijunas (no wayuu)”, indica.

Algo que ratifica el médico Luis Carlos Gutiérrez, de la Clínica Wayuu de Maicao, quien afirma que “el wayuu es temeroso, no se deja tocar el cuerpo y si la persona que los atiende no habla el wayuunaiki no pueden explicarle bien la patología, por eso es que aquí ellos se sienten en confianza”.

Atención demorada
Evelina cuenta que su hija “nació bien de salud” y que “comía todo” lo que le cocinaba. Sin embargo, en agosto comenzó a enfermarse, le dio diarrea y bajó de peso.

“La llevamos al hospital (Armando Pabón de Manaure) y como no tenía registro, no la atendieron. El médico dijo que se registrara primero”, explica una de sus hermanas, quien servía como intérprete.

Después de que hicieron el registro la incluyeron en un programa de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. “Aquí traían leche y galletas, pero eso le cayó mal a la niña”, cuenta la tía de la menor.

Hace dos semanas regresaron al hospital con Deyanira porque no mejoraba y, lo es que es peor, la pequeña tenía diarrea, por lo que fue trasladada a Maicao, donde los médicos no pudieron hacer nada para salvarla.

Corrupción y capturas
A comienzos de noviembre la Fiscalía General descubrió un desfalco en el ICBF de La Guajira por $2.217 millones por lo que capturó a cuatro personas a las que les dictaron medida de aseguramiento con detención carcelaria. Según el ente acusador, el desfalco se llevó a cabo en el programa de atención de la primera infancia. La Fiscalía también capturó a 11 personas en el municipio de Albania por irregularidades en convenios del Hospital San Rafael, por valor de $18.600 millones. Estos recursos estaban destinados a reducir la mortalidad infantil. La directora nacional del ICBF, Cristina Plazas, asegura que ha colaborado con las autoridades para evitar que se sigan robando los dineros destinados a los niños y hace poco anunció que puso nuevas denuncias por estos hechos.

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