Uno de los factores críticos de perturbación de la seguridad urbana en Barranquilla, en particular en sectores del sur de la ciudad, es un negocio que desde las sombras mueve cada año unos $5.000 millones, de acuerdo con las estimaciones de las autoridades.

Cobradiario, prestadiario, pagadiario o gota a gota. El fenómeno recibe distintos nombres, y encuentra tierra fértil para su desarrollo en las precarias condiciones económicas que definen la cotidianidad de un importante sector de la población. Se trata, básicamente, de préstamos informales que oscilan entre los $100.000 y los $5 millones, a unas tasas de interés excesivamente altas: el 20% mensual, casi 10 veces el límite legal permitido. Estas prácticas de usura son ejercidas por grupos delincuenciales que imponen a sus clientes la obligación de pagar con la ley del fuego.

Suscribir uno de estos créditos es sumamente sencillo, pues no requiere papeles, ni codeudores ni prácticamente ningún requisito. Esto los hace especialmente atractivos para las personas que viven agobiadas por dificultades económicas, muchas de las cuales no cuentan con ningún patrimonio para respaldar una inversión y están reportadas en centrales de riesgo, por lo que no tienen oportunidad de acceder a créditos, programas o subsidios con la banca formal para desencadenar procesos que puedan conducir, por la vía legal, a una transformación de sus condiciones de vida.

Pero más allá de lo costosos que terminan siendo, estos pequeños préstamos acarrean una grave amenaza, no solo para el directo beneficiado, sino para sus familiares y los habitantes de su lugar de residencia. Los prestamistas, sujetos normalmente motorizados y armados que rondan por las calles con los nombres de sus clientes anotados en talonarios, establecen como condición el poder apropiarse de cualquier electrodoméstico en el hogar si hay incumplimiento en el pago de las cuotas.

Esto ha degenerado ya en muchos estallidos de violencia. Hubo una casa quemada y más de cinco asesinatos asociados a las disputas de rutas y la evasión de la deuda.

No es un mal menor, es la realidad con la que convive un 65% de la población barranquillera, que se concentra en los estratos 1, 2 y 3. Hay identificadas ya cinco redes que se dedican a explotar sus necesidades.

Hay que concentrar esfuerzos para detener este círculo vicioso de violencia que se alimenta de pobreza para inyectar más violencia.

No solo se debe combatir desde un punto de vista policivo. Si bien es imperativo intervenir y desmantelar las redes identificadas, será también crucial realizar un trabajo social de fondo. Lamentablemente, si muchas personas recurren a este sistema es porque no tienen más opción.

Es claro que la manera de erradicar este y muchos otros males ligados a la inseguridad pasa por atacar más eficazmente la pobreza, y generar un proyecto de ciudad con mayor inclusión laboral y oportunidades de desarrollo. El reto es diseñar planes y estrategias para que los beneficios del buen momento económico de Barranquilla se irriguen de manera más equitativa en la población.