Solo una sociedad muy enferma podía permanecer inmóvil ante lo que está sucediendo con los niños en Colombia. Por ello, no han pasado desapercibidas las imágenes que muestran cómo la politiquería, ese ejercicio corrupto que predomina en esta profesión es el fondo de la forma miserable como se ejecutan los programas gubernamentales de alimentación estudiantil. Llevamos meses escuchando denuncias, y la situación lejos de mejorar ha llegado a extremos que debían ya tener gente en la cárcel. Se trata de los operadores que reciben miles de millones para llevarles comida a estos estudiantes de bajos recursos, y cuya ‘labor’ se ha hecho evidente en las escandalosas imágenes que todo el mundo ha visto. Pero la acción de la justicia no se puede quedar ahí sino que debe investigar la cadena: el que firmó el contrato, el gobernador o alcalde respectivo; el senador o representante al que le dieron el privilegio de escoger al contratista. Y el o los funcionarios nacionales que se hacen los locos como si no tuvieran nada que ver con la asignación de estos recursos. Tampoco se excluyen los control locales y regionales que muchas veces son parte de este tinglado perverso.
La pregunta frente a esas imágenes de estos niños y niñas que reciben en su mano —porque no hay ni un miserable plato— un triste patacón con tres hilachas de carne o un huevo y una tajada de mango es: ¿que más hace falta para una operación de emergencia desde el Gobierno central? Y antes de que critiquen el centralismo, miren y escuchen las explicaciones absurdas del funcionario local en el caso de Aguachica, defendiendo lo indefendible. Por ello, por esa terrible corrupción que nos está devorando y que es muy evidente en algunas regiones, es que algunos tenemos la esperanza de que a nivel nacional, los responsables de esos programas salgan y actúen y no cohonesten con estos bandidos.
Estamos realmente indignados, del presidente para abajo, según lo registraron las noticias. Pero, con mucha pena, eso no es suficiente, y con solo palabras y lamentos no se va a frenar este negocio inconcebible que está minando la vida y la salud de los niños más pobres de esta sociedad. Y la disculpa no puede ser que por lo menos estos niños comieron huevo cuando otros mueren de hambre. Nosotros los colombianos con nuestros impuestos damos plata para que aquellos que acuden a las escuelas tengan un nivel de nutrición que les permita desarrollarse. Sin embargo, nada más atractivo que robarse la plata pública destinada a los menores de edad porque ellos no protestan y no votan.
¡No más! Es la consigna para presionar a todos los responsables en los distintos niveles de gobierno, de estos programas de alimentación escolar, para que respondan ante el país y señalen a los ladrones.
