El ministro de Minas y Energía, Tomás González, ha anunciado una inversión de $4 billones en infraestructura eléctrica en la Región Caribe, que saldrá del bolsillo de los usuarios. Con esto, el Estado sigue evadiendo su función de eliminar pobreza y mejorándole el negocio a una multinacional.
Son 14 proyectos y el cronograma está planteado entre 2015 y 2018. Eso es mucho tiempo, si se tiene en cuenta la grave situación del sistema eléctrico. Algunos piensan que técnicamente estamos en racionamiento, con tendencia, si no se actúa rápido, a un apagón general, y ya sabemos lo que en términos económicos y de orden público eso podría significar.
La proyectada inversión ha generado expectativas, pues el anhelo colectivo es que cesen los apagones que causan afectaciones a la calidad de vida y daños económicos. Pero hay una gran preocupación en torno a los tiempos de ejecución, dadas vergonzosas experiencias como la de la subestación de Galapa, que no se ha hecho en 7 años.
El ministerio de Minas y Energía debe detallar los proyectos, que se ha propuesto monitorear un Comité de Seguimiento, surgido por iniciativa del Intergremial del Atlántico. Varias voces del sector productivo han sugerido que el Gobierno Nacional se apoye en alguna figura jurídica excepcional para agilizar la ejecución. Jorge Valencia, de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Upme, ha dicho que simpatiza con la idea, de manera que pudieran ahorrarse unos meses del cronograma.
Con los 14 proyectos, la Costa, a la que en 17 años ni el Estado ni Electricaribe le invirtieron en infraestructura lo que requería, deberá quedar repotenciada para atender la demanda energética, que es, según los expertos, la que más ha crecido en Colombia. Está, dicen, por encima del promedio nacional.
Protransparencia considera, en aras de la agilidad, que no se debe dejar a los inversionistas la tramitología. El Gobierno Nacional podría constituir una comisión interministerial cuyo objetivo sería atender la emergencia resolviendo prontamente la obtención de licencias y permisos para que los inversionistas solo se dediquen a ejecutar.
Esta inversión, sin embargo, no resuelve los temas gruesos. Por ejemplo, comoquiera que no hay competencia, ¿la relación del Estado con el monopolio natural de Electricaribe va a seguir sin contrato de concesión? ¿La Creg continuará siendo un organismo de técnicos cachacos? ¿Se va a incrementar, en consideración al clima de la Costa, el margen del consumo de subsistencia? ¿Se va a disminuir la desviación significativa?
Posdata: Gas Natural Fenosa, la multinacional que controla Electricaribe, tuvo muchos problemas en Guatemala entre 1998 y 2010. Salió de este país vendiéndole a una compañía británica por 350 millones de euros. La Corte de Constitucionalidad guatemalteca, en medio de grandes protestas sociales con extraños asesinatos a bordo, reconoció que incurrieron en sobrefacturación y cobros indebidos. De Guatemala nos enviaron, en 2011, al ingeniero industrial español José García Sanleandro para gerenciar a Electricaribe. La experiencia no ha sido grata.
@HoracioBrieva
