Estos días, en el Parlamento Europeo se celebran las audiencias de los candidatos a ocupar las carteras en la futura Comisión Europea, el órgano director de la Unión Europea, junto con el Consejo Europeo. Los 27 aspirantes, entre ellos nueve mujeres, han sido propuestos por los gobiernos nacionales, y sus áreas de responsabilidad fueron seleccionadas por el nuevo presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Pero la Eurocámara tiene el poder de  vetarles. Una de las tareas más importantes del nuevo equipo de Juncker será supervisar las negociaciones con EEUU sobre un tratado de libre comercio, el llamado Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), que abarcaría a 800 millones de ciudadanos.

Poco ha trascendido al público de las rondas de negociaciones entre la Unión Europea y Washington. Pero la falta de transparencia no es la única queja de los críticos del TTIP –muchas ONG y partidos políticos–, que temen que los lobbies empresariales de un lado y otro del Atlántico se aprovechen de rebajar las normas y regulaciones en ambos bloques para acercarlos al denominador común mínimo. Esto, en opinión de los críticos, podría poner en peligro los altos estándares de protección al consumidor, derechos laborales y medioambientales en Europa. Por otra parte, Wall Street aspira a librarse vía el TTIP de parte de la estricta regulación financiera que le ha impuesto la administración de Barack Obama.

Una de las partes más controvertidas del tratado es la cláusula de protección el inversor que permite a las empresas llevar sus disputas con los gobiernos ante un tribunal internacional de arbitraje en vez de lidiar en los juzgados del país afectado. Es un mecanismo consagrado en la gran mayoría de los TLC de EEUU con otros países, incluyendo Colombia. A las voces críticas en Europa se han sumado ahora los socialdemócratas alemanes (SPD), el socio pequeño del gobierno de coalición de la democristiana Angela Merkel. “Creo que las disputas comerciales deben dirimirse en los tribunales estatales y no en un tribunal de arbitraje internacional”, advirtió esta semana el ministro de Justicia Heiko Maas, del SPD. La carta pública de Maas contaba con el respaldo de Sigmar Gabriel, vicepresidente del Gobierno alemán y líder del SPD. También la comisaria designada para llevar el área de Comercio Exterior, Cecilia Malström, ha dejado entrever que se podría modificar la cláusula de protección para los inversores.

Es buena señal que aumente la presión política en contra de este apartado del TTIP. Las multinacionales siempre tienen la posibilidad de recurrir a un tribunal de arbitraje, pero reconocer este mecanismo en un tratado bilateral significa renunciar a parte de la soberanía nacional. A los Estados normalmente no les interesa fastidiar a las empresas extranjeras para no ahuyentar la inversión. Pero las multinacionales tampoco pueden aspirar a tener garantías contra cualquier cambio de regulación. Sin riesgo no se  justifican las ganancias cuando las cosas van bien.

@thiloschafer