52,3 kilómetros tiene la vía entre Palermo y Salamina.

Desde la semana pasada, los ojos del país se volcaron al Magdalena, por cuenta de un proceso de licitación pública que se adelanta en la Gobernación de ese departamento para contratar la construcción de la llamada Vía de la Prosperidad, un millonario contrato que, en su primera etapa, debería beneficiar las poblaciones entre Palermo y Salamina, con la construcción de una vía a lo largo de la ribera del Río Magdalena (ver mapa).

En una reciente entrevista concedida a EL HERALDO, el presidente Juan Manuel Santos fue enfático en que este importante proyecto vial no estaba atrasado y que los recursos estaban disponibles para ejecutarse en cinco vigencias fiscales. 260 mil millones de pesos serán entregados por el Gobierno y otros 200 mil millones saldrían de las regalías que percibe el departamento del Magdalena por la explotación del carbón.

Sin embargo, por cuenta de unos posibles vicios en el proceso de licitación, los recursos que el Gobierno tiene planeado otorgar al departamento están ‘en veremos’ hasta que el propio gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, aclare ante la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, que el proceso es transparente, en una reunión prevista para las próximas horas en la Presidencia de la República.

Los cuestionamientos. De acuerdo con la advertencia de la Ministra, que fue abordada también por la Procuraduría General de la Nación con un alerta temprana, existen algunas dudas relacionadas con posibles irregularidades en ajustes realizados al valor del contrato, cambios en el pliego que no fueron reportados oportunamente a los interesados, así como la no inclusión de esta importante contratación en el plan de gastos de la Gobernación.

En total, son 19 observaciones –contempladas en 25 folios– que deben ser solucionadas por la Gobernación para que haya transparencia en el proceso de licitación (ver documento con los 19 puntos). “La inquietud del ente de la Procuraduría es que pesan más algunas condiciones subjetivas que las condiciones técnicas en el proceso licitatorio. Eso es lo que el gobernador Luis Miguel Cotes tiene que definir de una vez por todas”, afirmó la alta funcionaria.

Es tanta la preocupación del Gobierno Central, que la ministra Álvarez-Correa no solo amenazó con la suspensión de los recursos, sino también con trasladar el proceso a Bogotá. “Lo que está claro es que no dejaremos de hacer una importante vía por circunstancias ajenas”, dijo.

Por su parte, Fanny González, procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, manifestó que, aunque la Gobernación del Magdalena ha asumido algunas de sus observaciones, preocupan principalmente dos: el hecho de que se hubieran otorgado puntos a favor de la firma que asistiera a una visita técnica que no era obligatoria, así como la demora en la publicación de los documentos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

“Aunque enviamos las observaciones, la Gobernación del Magdalena decidió continuar con el proceso y lo cerró (está pendiente de adjudicación). Entonces nosotros haremos un informe para ver si lo enviamos a un operador disciplinario para determinar si se comete o no se comete una falta disciplinaria”, aseguró González.

Llamado a la veeduría. Aunque el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, ha salido al paso de los cuestionamientos asegurando que casi la totalidad de las recomendaciones hechas por la Procuraduría se han tenido en cuenta, y que ha habido un “permanente acompañamiento del Ministerio Público en las etapas del proceso”, las alarmas están encendidas, no solo por el monto de la contratación (436 mil 355 millones de pesos), sino también por la expectativa que hoy se vive en la capital del Magdalena con respecto a esa licitación.

Fuentes cercanas al proceso consultadas por EL HERALDO hicieron una seria advertencia al Ministerio Público a nivel nacional y a los organismos de transparencia, para que hagan un exhaustivo seguimiento al proceso de licitación, pues temen que este contrato se pueda convertir en un fortín para la financiación de campañas políticas de cara a las próximas elecciones.

“No se puede dar nada por hecho, pero sí hacemos el llamado urgente a que la Procuraduría, la Contraloría y todos los organismos de vigilancia y veeduría ciudadana hagan seguimiento a la contratación de la Vía de la Prosperidad, porque preocupa que ya se escuchen nombres de supuestas personas beneficiadas, como si a ese contrato ya le tuvieran dueño, cuando realmente se trata de una contratación pública y transparente que se debe otorgar al contratista más capacitado”, informó la fuente, quien pidió la reserva de su nombre.

Pese a las advertencias, el pasado 15 de julio se cerró oficialmente el proceso de contratación. Ahora son 3 consorcios los que se juegan este millonario contrato, de los cuales uno será el responsable de llevar a la realidad esta obra que, hasta el momento, es la más importante que se está llevando a cabo en el Magdalena (ver infografía).

Si la situación se aclara y el Gobernador del Magdalena logra ganarse la confianza del Gobierno Nacional para el desembolso de los 260 mil millones, el 18 de agosto se conocería al ganador y, poco tiempo después, se estaría poniendo la primera piedra.

“El proceso está apegado a la ley”

Después de reunirse con su equipo jurídico, el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, envió un comunicado en el que defiende el proceso de licitación que, hasta la fecha, se ha venido llevando a cabo.

Ante las críticas de la Procuraduría General, sobre supuestas demoras en la publicación de los documentos en el Secop, Luis Miguel Cotes dijo que el proceso “ha sido suficientemente publicitado por los medios legales, desde el 18 de diciembre de 2012, y se mantuvo disponible la información para todos los interesados, y se publicó en el portal, donde hoy aparecen más de 600 archivos de información técnica, financiera y jurídica”.

“Los criterios de selección fueron definidos por la administración Departamental con total apego a los que define como objetivos la ley y los reglamentos, determinados en la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones, y el apoyo a la industria Nacional, todas ellas proporcionales y adecuadas al contrato, su valor y características del proyecto”, añadió Cotes Habeych.

Frente a las observaciones, el Gobernador reiteró que “se ha dado respuesta oportuna y debidamente soportada a los interesados: al Ministerio de transporte y al Ministerio Público”.

En el comunicado, el dirigente departamental insistió en que todas las inquietudes enviadas, han sido respondidas oportunamente.

Finalmente, el Gobernador aclaró que las ofertas presentadas se encuentran en evaluación, la cual dentro del término establecido en el cronograma del proceso se estará trasladando a los interesados. (Ver comunicado completo de la Gobernación)

 

 

Por Redacción Regional

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