Luego de las voces de júbilo del Congreso por la aprobación de la Ley de Víctimas, el gobierno, sus aliados y la oposición coincidieron en que falta lo más importante: que la norma funcione como verdadero instrumento de paz, en favor de quienes han sufrido, desde 1985, la violencia política, social y de grupos criminales.
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'En la reparación de víctimas y en la restitución de tierras el gran desafío ahora es crear los mecanismos, la institucionalidad para que esta Ley y sus objetivos se puedan convertir en una realidad. No va a ser fácil y ya hemos discutiendo, con muchísima gente, cómo la vamos a poner a operar', admitió ayer el propio Jefe del Estado, Juan Manuel Santos.
El presidente del senado, Armando Benedetti, dijo que el éxito estará en la forma como el Gobierno garantice los recursos para su sostenibilidad. 'Así este paso estará completo y las víctimas podrán ser reparadas y restituir sus tierras', afirmó y mencionó la necesidad de una reforma agraria y una ley contra el narcotráfico.
Gustavo Gallón, de la Comisión colombiana de juristas, advierte que si bien la Ley es importante, resulta insuficiente, y afirma que dejará por fuera a miles de víctimas de hechos sucedidos antes de 1985 o a las causadas por las bandas de paramilitares desmovilizados.
'La aplicación va a ser muy difícil porque hay muchos actores violentos que tienen capacidad de obstaculizar la puesta en práctica de la Ley y por consiguiente va a ser necesario que el Estado redoble esfuerzos para que se convierta en realidad', afirmó en referencia a las disputas que ya existen por la tierra, lo que, a su juicio, generará más violencia.
De hecho, ese conflicto se ha ido agudizando de antemano en la Costa. En Córdoba, en 2007, sicarios asesinaron a Yolanda Izquierdo Berrío, líder de 800 campesinos despojados por los paramilitares; en abril de 2009 mataron a Ana Isabel Gómez; en julio de ese año a Guillermo Ramos, quien pretendía recuperar las parcelas de Costa de Oro, arrebatadas por Salvatore Mancuso; y en marzo de 2010 acribillaron a Alberto Pastrana.
En Sucre, otra zona exparamilitar fuerte, mataron hace un año a Rogelio Martínez; en marzo pasado la víctima fue Eder Verbel Rocha y hace ocho días amenazaron a Ingrid Vergara Chávez, todos líderes de campesinos que exigían que les regresaran sus propiedades.
Por José Granados Fernández
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