El Heraldo
Niños transportan agua en una ranchería wayuu, en la región de la Alta Guajira.
Región Caribe

ICBF saca a 40 operadores de alimentos en La Guajira

Cristina Plazas, directora de Bienestar Familiar, anunció cambios en Riohacha.

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, no es el único responsable de evitar las muertes por desnutrición en La Guajira, por lo que los demás actores deben trabajar también para lograr este objetivo”, aseguró la directora de esa institución, Cristina Plazas.

La funcionaria estuvo reunida con los coordinadores de los centros zonales y un grupo de pediatras, con el fin de articular de mejor manera el trabajo en este sentido con el sector salud. Este año han muerto 26 niños, oficialmente, por desnutrición.

“Hago una exigencia a las EPS y a los hospitales, porque la desnutrición es una enfermedad y un niño que entre a un centro de salud debe ser atendido de manera integral, incluyendo la parte nutricional”, aseguró Plazas.

Hizo un llamado también a las entidades locales, departamentales, nacionales, a las autoridades indígenas, a las organizaciones de la sociedad civil y a los padres para que trabajen juntos con el fin de evitar que los niños de La Guajira sigan en riesgo de morir por desnutrición.

“Nosotros solos, aisladamente, no podemos llevar a cabo esta labor, por eso necesitamos que esta sea de manera conjunta y con un mismo objetivo”, insistió.

Sacan 40 operadores. Durante su visita  a La Guajira la directora del ICBF Cristina Plazas, aseguró que 40 de los 78 operadores que estaban trabajando este año en este departamento no volverán a ser contratados por las irregularidades que se encontraron durante las investigaciones que se llevan a cabo conjuntamente con la Fiscalía.

“Encontramos anomalías como niños fantasmas, tamizajes de meses posteriores a la visita ya hechos y alimentación que no seguía los lineamentos establecidos y por eso no trabajarán más con nosotros”, aseguró.

Dijo que los nuevos operadores están siendo escogidos y comenzarán a trabajar a partir de la primera semana de enero. “Estos deberán cumplir con todos los estándares de calidad y, además, con el enfoque diferencial para las comunidades indígenas en esta región”, explicó.

Plazas afirmó, igualmente, que han denunciado la mala prestación del servicio por parte de las EPS ante la Superintendencia de Salud y ante la Fiscalía. “Hay varios capturados por estos hechos y seguiremos en la lucha frontal contra la corrupción”, indicó.

Además, el ICBF adelantará una campaña en contra del trabajo infantil en las rancherías wayuu, donde muchos niños tienen que pastorear y llevar agua desde lugares lejanos.

“Iniciaremos un proceso de restablecimiento de derechos si comprobamos que estos menores no están asistiendo al colegio o a ninguno de nuestros programas”, aseveró Cristina Plazas.

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