Con una calificación de 36 sobre 100 –donde 0 es mayor percepción de corrupción y 100 es menor percepción–, Colombia se ubicó en 2013 en el puesto 94 entre los 177 países evaluados por Transparencia Internacional.
Entre los 32 países del continente, Colombia se encuentra por debajo del puntaje promedio de la región –que es 45– y está en el puesto 18 de la tabla, muy por debajo de países con calificaciones aceptables como Canadá (81), Barbados (75) y Uruguay (73).
En este sentido, el estudio afirma que 'el sector público del país sigue siendo percibido como corrupto por empresarios y expertos internacionales'.
De acuerdo con la organización Transparencia por Colombia, a pesar de las reformas institucionales y normativas que se han adelantado para 'ponerle freno a la corrupción', como la Ley Antitrámite, el Estatuto Anticorrupción –aún sin reglamentar–, la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de un capítulo dedicado al tema de transparencia y rendición de cuentas y la sanción de la Ley de Acceso a la Información pública, 'la percepción sobre este problema en el país sigue siendo alarmante'.
'La lentitud de la Justicia para castigar a los corruptos y las repetitivas prácticas de abuso del poder en todos los niveles del sector público se reflejan en la pobre calificación de Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción', sostiene el estudio de la entidad.
A 10 días de las elecciones presidenciales EL HERALDO consultó a los cinco candidatos sus propuestas para combatir la corrupción en el país y mejorar la percepción y los niveles de transparencia en la gestión pública en los próximos cuatro años.
Entre los planteamientos de los aspirante está el fortalecimiento de la participación ciudadana, los incentivos a la rendición de cuentas de los gobiernos departamentales y municipales, la reforma del Sistema Penal Acusatorio y la eliminación de beneficios judiciales a quienes sean condenados por corrupción, exigir la declaración de renta a los funcionarios públicos y sus familiares al inicio y término de su gestión y la eliminación de los cupos indicativos en el Congreso de la República.
Clara López Obregón
La candidata a la Presidencia por el Polo Democrático dice que su principal propuesta para combatir la corrupción en el Estado es promover un Gobierno con 'voluntad política y manos limpias'. Clara López sostiene que 'en últimos gobiernos, de los que han hecho parte todos nuestros contendores, han utilizado el presupuesto público con la consabida mermelada para su reelección, a nivel nacional, departamental y municipal'. En este sentido, afirma que es momento de que el presupuesto publico 'se utilice para garantizar los derechos a la salud, la educación y demás responsabilidades del Estado frente a la población'. Argumenta que hoy en Colombia 'el 70% de la contratación pública se hace a dedo' y que 'los pliegos de condiciones de las licitaciones están diseccionados para favorecer a uno u otro contratista', por lo que plantea 'erradicar esas dos prácticas y garantizar el acceso a la contratación de los ingenieros y de las pequeñas firmas de ingeniería nacional que han sido exprimidas y llevadas a la ruina por la corrupción reinante'. En cuanto a la participación ciudadana, plantea la regulación de las veedurías porque 'son herramientas de control muy fuerte que deben ser revisadas y financiadas de manera independiente porque en muchos casos deriva en malas prácticas'.
Enrique Peñalosa
Al considerar que 'la politiquería y la corrupción son los principales obstáculos del país', el candidato de la Alianza Verde, Enrique Peñalosa, propone unirse con los ciudadanos para lograr una 'revolución' contra estas prácticas. Dice que su Gobierno fortalecerá la participación ciudadana e impulsará la organización social y estará 'libre de maquinarias y de mermelada', lo que le permitirá 'nombrar a los colombianos más competentes y escoger a los funcionarios de libre nombramiento y remoción con base en el mérito'. Además, plantea una reforma política que elimine la reelección presidencial y amplíe el periodo del Jefe de Estado a cinco años. En cuanto a los recursos públicos resalta la necesidad de invertirlos 'limpia y eficazmente' en proyectos que resuelvan los problemas de los colombianos y 'no en los bolsillos de políticos y sus contratistas'. Asegura que no comprará el apoyo de los congresistas para que apoyen sus proyectos en el Congreso a cambio de cargos en la rama Ejecutiva y que, en este sentido, eliminará los cupos indicativos y asignará los recursos públicos para las obras en las regiones a través de la participación 'activa y transparente' de los alcaldes, gobernadores y los ciudadanos, 'pero sin mermelada'.
Juan Manuel Santos
El presidente-candidato a la reelección asegura que la lucha contra la corrupción 'estará en el centro de la política criminal del Estado' y que quienes incurran en esta práctica delictiva serán considerados 'objetivos de alto valor'. En este sentido, propone una reforma al Sistema Penal Acusatorio, para 'corregir las falencias que se han evidenciado después de 10 años de funcionamiento' y la revisión de la figura del principio de oportunidad con el fin de 'evitar abusos y fortalecer su utilidad'. Para el aspirante de la coalición entre La U, liberales y Cambio Radical, es necesario 'fortalecer la Unidad Nacional Anticorrupción, con técnicos e investigadores de alto perfil' y 'mejorar la coordinación entre la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Salud y la DIAN con el propósito de vigilar y sancionar todas aquellas actividades que se consideren sospechosas en el manejo del recursos'. Plantea, también, una reforma al sistema electoral, 'con financiación pública de campañas y listas cerradas en elecciones a corporaciones públicas' y al funcionamiento de los entes de control, 'para evitar la parálisis de la administración pública, a nivel nacional, departamental y municipal, y la estigmatización y persecución de los funcionarios honestos'.
Marta Lucía Ramírez
Argumentando que la corrupción 'impide que las instituciones cumplan sus funciones', la candidata conservadora asegura que su prioridad será 'erradicar' esta práctica. En este sentido, Marta Lucía Ramírez propone conformar un 'bloque de búsqueda' contra los corruptos, eliminar la casa por cárcel o cualquier otro beneficio judicial a quienes sean condenados por actos de corrupción y publicar periódicamente un listado con los nombres de estos ciudadanos. En cuanto al seguimiento y la participación ciudadana en los asuntos del Gobierno, Ramírez plantea el apoyo a una 'estricta veeduría a la contratación y ejecución del presupuesto estatal' y liderar semanalmente unos 'consejos ciudadanos contra la corrupción'. Para los jueces y fiscales a los que se les compruebe esta conducta ilícita, la aspirante a la Presidencia propone la institucionalización de una 'pena ejemplar' y la 'confiscación de sus bienes y los de su familia, en Colombia o en el exterior', con el fin de 'recuperar los recursos públicos'. Para combatir la corrupción en la administración pública señala que es importante 'exigir a los funcionarios y a su círculo familiar la declaración de renta al momento de posesionarse y cuando abandone el cargo', y limitar a un máximo de tres periodos la reelección en las corporaciones públicas.
Óscar Iván Zuluaga
El candidato uribista a la Presidencia manifiesta que para atacar la corrupción el 'primer paso' es 'recuperar el diálogo popular', por lo que retomará los Consejos Comunales y los realizará cada sábado como un espacio 'abierto al público, sin libretos, ni vetos', donde se podrán hacer denuncias públicas y que tendrá un estricto seguimiento a través de funcionarios encargados de monitorear el cumplimiento de los compromisos. Para disminuir los niveles de corrupción Óscar Iván Zuluaga plantea el 'fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y auditorías visibles', el diseño de un 'esquema de incentivos' para que los gobernantes locales rindan cuentas pública y hacer uso 'intensivo' de las redes sociales para que los jóvenes vigilen y denuncien los actos de corrupción. En cuanto a la percepción de transparencia del Estado, dice que liderará un Gobierno que 'ejecute con honradez, eficiencia y sin derroche' y un 'diálogo permanente con los ciudadanos' que permita 'poner la cara y resolver los problemas'. 'Nuestro sueño es que todas las herramientas del Estado Comunitario permitan movilizar a la ciudadanía para asumir la responsabilidad de nuestro destino común. Trabajaremos por construir una mejor sociedad, trasparente, donde haya confianza en la institucionalidad', manifiesta.
