Al cumplirse hoy lunes una semana del inicio del paro nacional agrario, existe la preocupación generalizada de que, aunque se hayan producido acercamientos, aún no se vislumbran acuerdos ni soluciones concretas que presagien la pronta finalización de las protestas y bloqueos de vías a lo largo y ancho del país.
Un balance de siete días de masiva movilización –en la que principalmente participan campesinos, camioneros y mineros, pero a la que se han ido sumando otros actores– refleja un panorama inquietante en el territorio nacional: cuatro personas muertas (incluyendo un superintendente policial), 160 lesionadas y unas 220 detenidas, más de 30 vías obstruidas por los manifestantes (de las cuales 25 han sido desbloqueadas por la Policía), incineración de vehículos, cierres momentáneos de fronteras con Ecuador y Venezuela, desabastecimiento y encarecimiento de alimentos en las principales plazas de mercado, dificultades para el transporte interdepartamental de combustible, medicamentos y mercancías... Todo ello ha generado, además de dramáticos costos personales, millonarias pérdidas en las diferentes regiones.
Es de resaltar que hasta el momento se han obtenido resultados positivos (aproximaciones, más no acuerdos) en los departamentos más afectados por las protestas –Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Meta– mediante la estrategia del gobierno de negociar por sectores, que la Policía desbloquee de inmediato las vías obstruidas y del mantenimiento de la premisa de que solo se concertará con los líderes campesinos si no se bloquean las vías.
Con independencia de cómo se desarrollen los acontecimientos en los días venideros, el gobierno haría bien en tomarse muy en serio las motivaciones y los mensajes principales que trasmiten desde los distintos frentes los participantes de las movilizaciones, aun asumiendo que el ramillete de problemas y reivindicaciones planteado no se pueda resolver por completo en una improvisada mesa de negociaciones. Los manifestantes rechazan la privatización de instituciones y la entrega de recursos naturales a empresas multinacionales, así como la firma irreversible y no renegociable de diversos TLC desfavorables a algunos sectores económicos del país. Además, denuncian el dificultoso acceso a la propiedad de la tierra por parte de los agricultores, insisten en la constitución de zonas de reserva campesinas y reclaman una política favorable a los mineros artesanales. También piden mejoras en la infraestructura de zonas rurales, como la construcción de vías, acceso a salud y agua potable.
Todo este coctel reivindicativo hace que, de no instalarse pronto una mesa de acuerdos, sea impredecible el rumbo que en los próximos días o semanas pueda tomar este paro, cuyos participantes poco a poco se aproximan a Bogotá. De continuar la protesta de manera prolongada, podrían sumarse otros actores (educación, salud, las universidades, poblaciones indígenas, etc.), lo que haría más compleja la situación y el manejo del orden público por parte de las autoridades y aún más dificultosa la búsqueda de soluciones y acuerdos al conflicto originalmente presentado por las organizaciones que iniciaron la movilización.
Igualmente, existe la posibilidad de que, si se prolonga demasiado la protesta, se puedan presentar infiltraciones tanto desde sectores extremistas de izquierda como de grupos que quieran aprovechar políticamente la situación para sabotear tanto las negociaciones de paz que se adelantan en Cuba con los grupos subversivos como las aspiraciones de reelección del presidente Santos.
En momentos críticos como el actual es cuando más se hace pertinente el apaciguamiento de los ánimos, el buen trato de las autoridades policiales y militares a los huelguistas y el fortalecimiento de la voluntad conciliadora por parte del gobierno, si es preciso recurriendo a expertos mediadores y negociadores de reconocida aceptación a nivel nacional.
