Tras pasar por las etapas reglamentarias de Senado y Cámara y afrontar toda serie de debates y dificultades, ha pasado la reforma a la salud con la aprobación de la ley estatutaria para el sector; viene ahora la revisión de esta normativa en la Corte Constitucional, y el trámite de la ley ordinaria para implementar la de jerarquía estatutaria.
El origen de este cambio constitucional y legal es la crisis del sector salud de los últimos años por cuenta de las EPS, que no solo convirtieron la medicina en una actividad lucrativa, sin mayores reparos éticos, sino en un servicio muy deficiente que desencadenó problemas como el paseo de la muerte y como la negativa a atender a los enfermos con graves dolencias, lo que derivó en un sinnúmero de apremiantes tutelas.
Es decir, y a pesar de que algunos ponderan la universalización de los servicios de salud con la famosa Ley 100, lo cierto es que este sector cayó en manos de una ‘oligarquía’ de negociantes y de un estado de corrupción que alcanzó niveles insoportables. Ya, por tanto, era una urgencia ‘ingresar’ a la salud al ‘quirófano’ de una drástica reforma para mejorarla y ponerla al servicio de la gente.
Un buen paso es que se haya declarado como derecho fundamental autónomo, es decir, que no se le podrá escamotear a ningún colombiano. Pero como somos un país santanderista, lleno de magníficas leyes que no se cumplen o se cumplen a medias, habrá que ver si tanta belleza constitucional es verdad.
Para ello, el Estado, que lo primero que ve es la sostenibilidad fiscal, es decir, de dónde va a salir la plata para financiar la salud, debe asegurar los recursos, que no alcanzan para cosas fundamentales como la salud del pueblo colombiano, porque destinamos más presupuesto a los militares y a la guerra, o sencillamente la despilfarramos en cosas no esenciales o se van a las alcantarillas de la corrupción.
Bien que se haya preservado la tutela como mecanismo para hacer respetar el derecho fundamental a la salud. Habría sido un contrasentido que se eliminara, mientras se le daba a la salud ese rango, y el Congreso hubiese quedado muy mal parado en imagen ante los colombianos. Afortunadamente, tuvieron la lucidez para entenderlo.
El control a los precios de los medicamentos es otro componente interesante. Vamos a ver si esto se da en la práctica. Colombia es uno de los países donde más se abusa del valor de las medicinas. Y el ‘tatequieto’ lo pedían los usuarios a gritos, pero ahora vendrá la vigilancia, el seguimiento y el control de las autoridades a los especuladores, y ahí es donde siempre la puerca tuerce el rabo. Pero confiemos. Tengamos la esperanza puesta en que el Estado cumpla esta nueva disposición.
El POS, el célebre Plan Obligatorio de Salud, ha sido reemplazado por un Plan de Beneficios. Lo importante, en suma, es que esta reforma no sea una simple cosa cosmética. No es la panacea ni la solución a todos los problemas de la salud, pero estos cambios deben contribuir a mejorar el sector.
Los críticos más radicales dicen que esta es una caricatura de reforma, pues las EPS, por ejemplo, no desaparecen sino que mutarán hacia la figura de los gestores de salud.
De todos modos, el gobierno de Juan Manuel Santos se juega la imagen positiva que le queda ante los colombianos con esta reforma. También el ministro Alejandro Gaviria, de tan alto prestigio académico e intelectual, se la juega en esta apuesta. Esperamos que resulte. La salud tiene que cambiar.
No puede seguir siendo una fuente de enriquecimiento de unos cuantos, mientras a los colombianos en los hospitales los tratan como les da la gana. Dignidad y respeto es lo único que pide la gente.
