En el discurso del presidente Santos en las Naciones Unidas dijo que asume con moderado optimismo el proceso de paz con las Farc, que se inicia el 8 de octubre en Oslo. El mandatario, consciente de que la paz en Colombia va de la mano de la derrota del narcotráfico, repitió su prédica de que se requiere un debate franco y global sobre la lucha antidrogas. No presentó ninguna propuesta concreta en Nueva York, pero sí insinuó que hay que buscar mejores opciones para combatir el flagelo, y reiteró que el mundo ha evadido por muchísimos años esta problemática.
“Por la paz debemos avanzar con prudencia, seriedad y firmeza”, dijo Santos, y un clima como el que ha solicitado el Presidente parece contar hoy con el recorrido de unos medios de comunicación que entienden la conveniencia de cubrir con tino y cautela los desarrollos de la negociación. El solo hecho que los diálogos se vayan a adelantar lejos del país comunican la idea que esta vez no estaremos en presencia del espectáculo mediático del Caguán.
Porque, no obstante el respaldo mayoritario del país a esta nueva búsqueda de la paz, hay también un considerable escepticismo que deja muy nítido que no hay un sólido consenso nacional en torno a esta arriesgada negociación. Con un expresidente como Uribe al frente de una considerable oposición al proceso, el apoyo al presidente Santos va a depender de los frutos reales que vayan arrojando los diálogos.
Las preocupaciones de los críticos a la iniciativa del Gobierno se concentran en el tema de las concesiones que se le pudieran hacer a la guerrilla. La tierra es el primer punto de la discordia. Fedegán teme que las Farc puedan solicitar una reforma expropiatoria, en tanto que el Gobierno ha expresado que las propiedades rurales legítimas no correrán riesgo y que solo entran en la deliberación la restitución y la titulación de baldíos. Otros temas polémicos son los secuestrados y el tratamiento que recibirán los delitos graves.
Sin embargo, se ha reconocido también que uno de los beneficios de este proceso es que se resolvería la situación jurídica de todos los militares que han estado implicados en acciones violatorias en la lucha contra la guerrilla. Tiene que haber garantías para los militares y así lo ha entendido el Gobierno.
El exconstituyente Antonio Navarro ha dicho, refiriéndose a este asunto, que cuando fue amnistiado el M-19 se planteó la propuesta que la amnistía cobijara los delitos de los militares que luego fueron condenados, como el coronel Plazas.
Ahora al Marco Jurídico para la Paz se incorporó un artículo en la Constitución que les da un tratamiento diferenciado a los militares respecto a los guerrilleros y paramilitares. Hoy hay todo el ambiente para que el fuero militar sea aprobado en el Congreso, y el Gobierno ha insistido en eso. La cuestión es clara: si va a haber beneficios a las Farc, tiene que haberlos también para los militares que han peleado contra estas. De tal modo que vamos seguramente hacia una revisión de los falsos positivos y las condenas de los militares implicados.
Es comprensible que si –como lo ha dicho el Fiscal General– el desarrollo del Marco Jurídico para la Paz llega a garantizarle a la guerrilla que no afronte la cárcel, no es justo que los militares deban afrontar largas y penosas condenas.
El país avanza, pues, hacia un escenario jurídico facilitador del proceso. Y por ahora el presidente Santos tiene un amplio respaldo nacional, pero con el contrapeso crítico y beligerante del uribismo.
