Durante el reciente encuentro de gobernadores en Medellín alrededor del tema “Preparémonos para la paz” se analizaron con detenimiento los posibles escenarios de post-conflicto para cada una de las regiones, a la luz de la hipotética situación de un acuerdo como resultado final de los diálogos de paz con las guerrillas, en Cuba.
Y es que aunque a muchos compatriotas no les guste la idea, por tener su mente programada desde jóvenes para la guerra, el conflicto y la violencia, todo parece indicar que se está aproximando la hora de irnos preparando para la paz. Como dijo el presidente Santos en su discurso de instalación de esta cumbre: “es más impactante” y “vendedor” para un gobernante mostrar a la población atemorizada la cabeza sangrienta del enemigo, pero su gobierno se la juega por la paz.
Como se recordará, en diversos países del mundo las posibles salidas a conflictos armados de gran magnitud, como el que se ha vivido en Colombia, son: un acuerdo de paz o la derrota militar de una de las partes, o la desmovilización o la rendición y la posterior reintegración a la vida civil de los sublevados. La experiencia recién vivida en nuestro país de los errores en el proceso de desmovilización de paramilitares, en donde muchos de ellos se dedicaron posteriormente a conformar bandas criminales que actualmente tienen azotadas al país, ha creado la necesidad de elaborar mecanismos efectivos para prevenir efectos similares en el actual proceso.
Es así como últimamente se ven indicios de este allanamiento del camino por parte del gobierno hacia ese período posterior al conflicto en diversos hechos de la realidad nacional. Por ejemplo, el fiscal general Eduardo Montealegre acaba de plantear la necesidad de que el ente que dirige se vaya preparando para un proceso de justicia transicional con cerca de 10.000 insurgentes y eventuales desmovilizados de las Farc y el ELN. También se vislumbra ese profundo interés del gobierno nacional por prepararse para los primeros tiempos de paz en los recientes cambios hechos en la cúpula militar y de Policía, en la controvertida propuesta de la excarcelación de presos y penas suspendidas para los líderes guerrilleros condenados por delitos graves, en los ofrecimientos de apoyo brindados por los EE. UU., Suiza o el BID, así como la realización de la cumbre de gobernadores alrededor del tema.
Llamó especialmente la atención los aportes de nuestro mandatario departamental, José Segebre, a quien en diversas ocasiones se le han escuchado planteamientos sobre esta temática a raíz de los análisis de experiencias vividas en otros países durante el estado posterior al conflicto en donde transcurre una transición hacia la paz. En su intervención, el gobernador Segebre reveló la cifra de 150.000 ciudadanos en situación de desplazamiento históricamente ubicados en Barranquilla y su área metropolitana, con lo cual demostró la gran medida en que también hemos sido afectados por ese conflicto. Es por eso que planteó la imperiosa necesidad de que, con fines de evitar un fracaso en este proceso, el gobierno diseñe cuanto antes políticas públicas en doble vía que beneficien tanto a víctimas como victimarios de la prolongada situación de conflicto.
Coincidimos en pensar en que para el éxito de la pacificación del país no basta con que se firmen unos fríos documentos entre las partes en conflicto sino en que en nuestro país se diseñen políticas y estrategias concretas que consoliden y garanticen el cumplimiento en el tiempo de esos acuerdos a los que se han llegado.
