El Congreso de Colombia ha quedado como una institución incapaz de legislar, pese al pedido de la Corte Constitucional, sobre el tema de las uniones matrimoniales entre parejas homosexuales, cuando ya en catorce países del mundo estas uniones han sido reglamentadas y aceptadas como muestra de asimilación de que la sociedad humana es un conglomerado diverso donde todas las personas tienen igualdad ante la Constitución y las leyes, y por tanto derechos que no pueden ser escamoteados con argumentos religiosos y pseudo morales.
Se ha esgrimido por parte de quienes se opusieron al proyecto que no podían, frente al tema, quitarse su ‘piel de católicos’, como si en la comunidad LGBTI, muy numerosa por cierto, no hubiese también católicos igualmente merecedores de que sus derechos sean aceptados en virtud del edificio filosófico de la Constitución del 91, cuyos pilares son la libertad y la dignidad de todos los nacionales sin excepción de sexo, raza, religión o bandería política.
No nos parece tampoco bien que, para negar esta iniciativa, haya posturas que se escuden en el catolicismo porque esta religión ha sido sacudida por graves escándalos de pederastia, y a esas mismas voces implacables contra las uniones homosexuales, farisaicamente, no se les ha visto pronunciarse con el mismo vigor frente a las aberraciones de numerosos pastores de la Iglesia Católica, siendo que la pederastia sí es una anormalidad porque en ella no hay formación de pareja sino el desfogue malsano de un instinto sobre seres vulnerables como los niños. En cambio, las uniones homosexuales son entre seres conscientes que tienen una forma distinta de asumir el amor, y de ahí que en las legislaciones de los países sin los traumas cavernarios como el nuestro hayan sido incorporadas, como lo demuestran los ejemplos de Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda y Francia, y hasta el momento 9 estados de los Estados Unidos.
Lo curioso es que estos implacables catones, detractores de las uniones entre parejas del mismo sexo, rezan y se aferran a sus camándulas pero han sido o pasivos o activos en erosivos procesos de depredación de los recursos públicos. La hipocresía es, en realidad, su verdadero estandarte, y han demostrado su absoluta falta de sintonía con nuestro ordenamiento jurídico y con las tendencias de los tiempos actuales, donde empieza a predominar en gran parte de los países del mundo el respeto de los derechos de las personas por encima de todo. Y que se entienda que esto no es apología a las uniones homosexuales, simplemente es la liberal manifestación de comprensión de que en una sociedad que ha constitucionalizado la libertad como un bien colectivo, este no puede, por prejuicio, ignorancia o por lo que sea, negársele a nadie.
Como decía el senador Armando Benedetti, decidido impulsor de la iniciativa, queda, sin embargo, la voz definitiva y final de la Corte Constitucional, donde habita otra actitud frente a la comunidad LGBTI.
El Senado definitivamente no se atrevió. Le faltó firmeza conceptual y política. Predominaron en él las posiciones mojigatas, antiliberales y premodernas. Y habla bien de Benedetti que se haya atrevido a liderar una iniciativa que demonizaron para minarla y quitarle respaldo ciudadano.
Afortunadamente, y pese al Congreso, tenemos una Constitución que le ha permitido al país avanzar, dejando atrás puntos de vista que parecían inamovibles. Hasta 1991 solo había una religión aceptada en Colombia, la católica, pero la Constituyente dio un paso importante al aprobar la libertad de cultos. Gracias a la Carta Política, Colombia seguirá progresando en la protección de los derechos de todos.
