Queremos discurrir hoy sobre las lecciones que ha dejado el comportamiento de los ciudadanos a propósito de la reacción furibunda que en todo el país y en todas las clases sociales desató el caso de la frustrada Reforma a la Justicia.
Se puso de presente el rol de una ciudadanía protagónica que desplegó toda la fuerza de la deliberación a través de las redes sociales que han surgido con el prodigio de la Internet.
Es un hecho que las nuevas tecnologías han venido a contribuir en el mundo, y Colombia no podía ser la excepción, al fortalecimiento de la sociedad civil.
Aunque el clientelismo y el paternalismo del Estado han sido factores estimuladores de una población apática, pasiva y amaestrada, hay señales también de un despertar creciente patentizado en el movimiento internacional de los indignados.
El ejemplo de los iracundos estudiantes chilenos por la reforma de Sebastián Piñera indicó el camino y contagió a los estudiantes colombianos cuando el gobierno de Santos trató de imponer la reforma a la educación.
El antecedente de la Ola Verde alrededor de Antanas Mockus fue la manifestación de que algo nuevo empezaba a gestarse en Colombia, aunque al final no se concretara en el triunfo del candidato presidencial.
Lo que ha ocurrido es la prueba de que el pueblo tiene el poder para cambiar la orientación de las políticas públicas.
Vamos camino, gracias al Internet, a una democracia deliberativa donde las personas no tendrán los límites que tenían antes para expresarse, y los medios de comunicación también están cambiando porque tienen que reconocer esta nueva realidad e interpretarla en aras de un sistema democrático más fuerte.
Hemos vivido bajo el errado paradigma, contrario a una democracia legítima y moderna, de que los políticos y los funcionarios primaban sobre la gente común. Y las cosas tienen que ser al revés. Es la voz y la voluntad de la ciudadanía las que tienen que primar y ser tomadas muy en cuenta por quienes tienen a su cargo las instituciones.
Esto que ha ocurrido en Colombia es histórico y ojalá signifique que ninguna de las decisiones importantes del Gobierno Nacional, de los gobiernos territoriales, del Congreso y de las corporaciones departamentales y locales se tomarán sin atender el querer del pueblo.
Tiene que haber un cambio en el paradigma de la gestión pública. Las viejas concepciones de ejercer el gobierno y la política en este país tienen que experimentar una transformación gracias a una población más activa y exigente. Y esto tiene que ser un campanazo a nuestra clase política, especialmente a la representación parlamentaria del Atlántico que acaba de ser protagonista de este lamentable capítulo de la aprobación y posterior hundimiento de la Reforma. No hubo un senador, ni un representante del Atlántico que hiciese sentir su voz crítica y elocuente en el trámite del adefesio caído. Tampoco ninguno hizo sentir su palabra cuando aprobaron ese remedo de ley de ordenamiento territorial con la cual le escamotearon el derecho a la libertad y a la autonomía a las regiones.
Pero todo este ascendente protagonismo de la sociedad civil tiene que tener, en adelante, un impacto real en la composición de las instituciones. Más participación, más deliberación, más democracia es la clave para que este país no siga secuestrado por unos grupúsculos que restringen la democracia y la ponen al servicio de sus mezquinos y despreciables intereses.
