Por la importancia del tema, EL HERALDO abrió ayer en su primera página con la afirmación de la contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, contenida en un profundo análisis de su autoría, de que la plata de la salud en Colombia se sigue desviando.
La salud se la están robando, y este desangre de las finanzas públicas viene desde hace años, y no ha habido voluntad política en el Gobierno Nacional para taponarlo con medidas drásticas y eficaces.
Es escalofriante lo que sostiene la Contralora. Están jugando impunemente con la vida de los colombianos. La funcionaria señala que el sector salud está tomado por unos intereses poderosos frente a los cuales no está siendo posible el control que ha tratado de hacer el ente a su cargo.
No hay duda de que el problema de la salud no deriva de la falta de recursos sino de la manera en que se vienen administrando. Este sector se ha convertido en un barril sin fondo. Le entra plata a borbotones del Sistema General de Participación, pero esos chorros de dinero no se traducen en un mejor servicio para los usuarios, y ahora que la Contraloría ha querido indagar por qué pasa esto se han erigido variados y filosos obstáculos. Son los “intereses espurios” de los que habla la funcionaria, que están cooptando el Estado, produciendo reglamentos, desorientando al legislador, anulando la acción de la justicia penal, e influyendo incluso en la jurisprudencia.
En su lúcido y demoledor documento, la Contralora devela el poder de las EPS, detrás de las cuales hay sectores muy influyentes. Y nos parece muy valiente cuando arremete contra mitos como que la administración fiduciaria de los recursos del sector garantiza transparencia y anticorrupción.
Pero hay una frase que impacta: “En realidad todo es muy irracional, pero pareciera basarse en una lógica en virtud de la cual sin EPS no habría servicios de salud”. También ésta otra, que es como para enmarcar: “Eso parece saberlo el Gobierno Nacional que defiende a esos operadores a capa y espada, de tal manera que conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación mantienen un falso equilibrio en espera de que la orientación del control fiscal empiece a ser condescendiente”. Y remata: “No me atrevería a afirmar que ello es deliberado, no tengo una sola prueba, no es el pensar del Señor Presidente de la República, pero es lo que objetivamente sucede”.
Se suma, al listado de argumentos de la Contralora, la sindicación de que las “EPS también se autoabastecen de sociedades comerciales de parientes de sus administradores, con lo cual los bienes y servicios por estas requeridas, resultan más costosos para el usuario final”.
El documento reserva también, por supuesto, un espacio al tópico de los recobros: “De recobros mucho se ha dicho, pero no está demás recordar que hay recobros de lo ya pagado, de lo que debería estar en el plan de beneficios del sistema de salud, por servicios prestados a sujetos inexistentes, por cirugías no realizadas, por tutelas fraudulentas, hay recobros originados en una práctica deliberada de algunas EPS que, según sus propias expresiones, crearon fábricas de tutelas para defraudar el sistema”.
De modo que este formidable escrito de la Contralora es –recordando el célebre texto de Emilio Zolá– una especie de ‘Yo acuso’ contra todas las vagabunderías que están ocurriendo en Colombia por cuenta de un sistema de salud permeado hasta los tuétanos por la corrupción.
Y lo grave es que no hay reacción. El presidente Santos está obligado a decirle al país qué va a hacer con la salud. No puede haber más dilaciones. La Contralora ha puesto el dedo en la llaga de la salud la cual está llena de purulencias. Se requiere una rápida y enérgica cirugía presidencial.
