En un texto de doce páginas, de impecable y sobria redacción, el Gobierno Nacional y las Farc revelaron ayer el primer informe conjunto de la mesa de conversaciones de La Habana.
Da cuenta de lo conversado y acordado hasta ahora durante siete meses y de los escenarios de participación que se han proveído para enriquecer los diálogos con los aportes valiosos de la sociedad civil. Se han realizado diez ciclos de reuniones en el lapso mencionado y el próximo se inicia el primero de julio.
Sobre el punto agrario se subraya el entendimiento en torno al propósito de crear un nuevo campo colombiano a partir de lo que se ha denominado una Reforma Rural Integral que tendría como uno de sus instrumentos más importantes un Fondo de Tierras que haga la distribución gratuita de la misma a los campesinos con precaria propiedad o sin ella, contando con las tierras que han sido “indebida e ilegalmente adquiridas”. Asimismo hace alusión el texto a otra serie de componentes fundamentales del acuerdo agrario.
Pero lo que ha despertado mayor polémica en las últimas semanas ha sido la insistencia de las Farc en la Asamblea Constituyente. Dirigentes como Antonio Navarro Wolf, que no es partidario de ese mecanismo como fórmula de refrendación de los acuerdos, sino más bien de un plebiscito, han planteado que les sorprende que las Farc soliciten una Constituyente a la que pretenderían concurrir sin haber dejado las armas.
Para Humberto de la Calle, el jefe negociador del Gobierno, si bien está contemplado que debe haber refrendación ciudadana, una Constituyente sería en realidad un escenario de nueva deliberación. Así lo acaba de expresar en un artículo especial que escribió para la revista ‘Semana’.
De un lado, la pretensión de las Farc es inaceptable porque el país no entendería ni aceptaría que una guerrilla que no ha dejado las armas concurriese a una Constituyente para lograr, como dice de la Calle, “una especie de refundación de la patria”. Además, no se comprendería que a los diálogos de La Habana, a los que todavía les falta un trecho considerable, se le añadiera esta Constituyente: sería, sencillamente, alargar, dilatar, prolongar, el proceso de paz sin que las Farc hubiesen abandonado los fusiles.
Por eso, el no rotundo del vocero del Gobierno. Claro. Válido. Y contundente.
De otro lado, el país cuenta con una Constitución relativamente joven como la de 1991, que, pese a las contrarreformas que se le han introducido, es una Carta Política democrática, cuya filosofía y postulados aseguran los cambios que están negociando el Gobierno y las Farc.
De modo que lo más razonable es que las Farc prosigan los diálogos de La Habana avanzando sobre la agenda concreta acordada hasta que se logre el Acuerdo Final que deberá someterse a la refrendación ciudadana.
Como ha expresado de la Calle, el camino no es la Constituyente. Esta propuesta, si las Farc se empecinaran en ella, terminaría enredando el proceso de paz. Y no parecería que sea ésta su intención después de siete meses de diálogos serios, y a juzgar por la buena impresión que causa el informe conjunto conocido ayer.
