Han sido coincidentes en estos días los estallidos sociales en el Catatumbo y en varias ciudades de Brasil, aunque las circunstancias y las razones motivacionales de las protestas sean distintas.
En el Catatumbo hay un largo conflicto con el campesinado dedicado al cultivo de la cocaína, y el detonante ha sido la pretensión gubernamental de conducirlos a un programa de sustitución de cultivos. De hecho, uno de los desencadenantes de la revuelta fue la intervención del Ejército, orientada a erradicar manualmente las matas de coca.
El corredor de Ocaña a Tibú, en Santander del Norte, ha sido el epicentro del incendio. El Ejército ha hablado de “infiltración guerrillera” en la protesta, lo que ha sido rechazado de plano por los líderes campesinos.
El Catatumbo ha sido un eje de violencia acrecentada desde que empezaron los sembrados de coca, a comienzos de los años 80. Desde entonces ha sido teatro de la guerra de las Farc, el ELN y los paramilitares, y hoy es ruta del narcotráfico hacia Venezuela y Europa.
También ha sido, como otras zonas del país tomadas por el conflicto armado, una zona abandonada por el Estado, y hoy la tempestad que vive es la consecuencia de largas décadas de falta de presencia gubernamental, de falta de inversiones, de falta de apoyo a los pequeños campesinos que han tenido en la hoja de coca la principal fuente de ingresos para su subsistencia.
En el papel, para el Catatumbo hay elaborado un Plan de Desarrollo Sostenible para la constitución de una Zona de Reserva Campesina que beneficiaría a unos 200 mil campesinos, pero entre la teoría y la práctica está de por medio que haya una auténtica voluntad del Gobierno Nacional y un adecuado escenario de negociación con el campesinado de la región. Lo cierto es que los bloqueos de los campesinos han contribuido a poner en primer plano su problemática.
El Gobierno Nacional tiene la palabra. Calmar esa zona y, sobre todo, reivindicarla sería un triunfo del Estado en su esfuerzo por aclimatar la paz.
Al tiempo, y en medio de la Copa Confederaciones, América Latina y el mundo se han sorprendido con las grandes manifestaciones en Brasil, desatadas inicialmente por desacuerdos de los participantes con las tarifas del transporte público, pero luego se extendieron a cuestionamientos a los gastos originados por el Mundial 2014, considerados como un derroche mezclado con corrupción, y a las fallas que muestran los sistemas de salud y educación, no obstante los avances que el país carioca tuvo en reducción de pobreza en las administraciones del presidente Lula.
Llama la atención que estos estallidos, nacidos en las redes sociales, sin conducción partidista y sin liderazgos reconocidos, han tenido como protagonistas principales a ciudadanos y ciudadanas de clase media y alta que apoyaron los programas antipobreza del Partido de los Trabajadores, pero hoy se han rebelado contra los síntomas de corrupción e ineficacia de la administración pública.
Ante ello, y de manera rápida, la presidenta Dilma Rousseff ha respondido con una propuesta de consulta al pueblo brasileño para reformar el transporte, la educación, la salud y la política, que son los temas que han estado en el ojo del huracán
Brasil está considerada la sexta economía del mundo, sacó a 40 millones de personas de la pobreza en más de diez años, pero ha entrado en un período de desaceleración y su infraestructura es deficiente. El reto de Rousseff es grande.
Restablecer la confianza y la legitimidad de las instituciones, menguadas por un ejercicio del poder que dejó de interpretar a enormes franjas de la sociedad.
