El ministro del Interior, Fernando Carrillo, salió ayer en defensa del proyecto del Fuero Penal Militar y dijo que la reglamentación de la iniciativa en el Congreso ha tenido en cuenta todas las recomendaciones presentadas por organismo internacionales que abiertamente la han criticado.
El alto funcionario dijo que 'en el proyecto se han aceptado todas las recomendaciones de organismos internacionales y juristas vinculados a la jurisprudencia de la Corte Constitucional'.
Contrario a lo expresado por el Gobierno, Amnistía Internacional denunció en un comunicado, refiriéndose a lo aprobado por el Congreso, que 'habida cuenta del control constante que las Fuerzas Armadas ejercen sobre las etapas iniciales de la investigación criminal, les facilitará el definir las violaciones de derechos humanos como actos legítimos de conflicto, sometidos, por tanto, a la jurisdicción militar'.
En respuesta a la queja de Amnistía Internacional, el ministro Carrillo afirmó que el proyecto adopta 'un estatuto normativo que es moderno y no fomenta la impunidad'.
Ayer en la madruga, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó 60 de los 100 artículos del Fuero Penal Militar, entre los que se encuentra el artículo 55 que establece la actuación vigilante de la Procuraduría en la participación de los jueces penales militares.
El próximo lunes fue citado el pleno de la Cámara para continuar el debate y la aprobación de los proyectos urgentes presentados por el Gobierno del presidente Santos.
Pensión a militares secuestrados. Un proyecto que le da beneficios pensiónales, educativos y de vivienda a los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía que fueron secuestrados, fue aprobado en último debate en el Senado y quedó a la espera de la sanción presidencial.
El congresista liberal Guillermo García, autor de la iniciativa, dijo que el tiempo que estuvieron secuestrados los uniformados será 'computado de manera doble para la pensión de retiro'. Asimismo tendrán beneficios de vivienda y educación.
Reforma a la salud
Dejarle la escogencia de los gerentes de los hospitales públicos a los alcaldes y gobernadores es uno de los ‘micos’ que, según representantes del gremio de los hospitales y clínicas, fueron colgados en la comisión séptima del Senado al proyecto de Reforma a la Salud.
Afirma el presidente de ACHC, Juan Carlos Giraldo, que es un riesgo para el sistema no mantener el modelo actual de la meritocracia.
Por Alejandro Rosales
