Basado en cinco informes recientes de organizaciones no gubernamentales, el congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda, denunció ayer que desde que Juan Manuel Santos asumió la Presidencia de la República, se han perpetrado en el país 69 ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’, a pesar de que el Gobierno Nacional, en múltiples oportunidades, ha asegurado que ésta es una práctica del pasado.
A través de un comunicado el dirigente político citó un balance del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, 'en el banco de datos se encuentra que se han registrado 69 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas del Estado durante el nuevo gobierno'.
El también defensor de Derechos Humanos reportó que, desde 1988 hasta junio de 2011, se han presentado 951 casos de ‘falsos positivos’, que han dejado unas 1.741 víctimas, conforme a datos extraídos de los registros de 25 organizaciones humanitarias.
Como dato alarmante, el congresista reportó que, según las cifras de la Fiscalía General de la Nación, hay un 98.5 por ciento de impunidad en los procesos que se siguen por las ejecuciones extrajudiciales en el territorio nacional.
El ente investigador registra al respecto que de 1.100 procesos que han entrado a indagación por ejecuciones extrajudiciales, sólo 665 han pasado a etapa de investigación, y 72 han llegado a juicio.
'Del mismo modo, en procesos disciplinarios contra miembros del Ejército Nacional, se encontró que de 1.150 expedientes, 458 han pasado a investigación formal, en 57 se han imputado cargos, y solo en 13 la justicia ha proferido fallo', señaló Cepeda.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en informes correspondientes a 2011, 'expresaron su intranquilidad por los actos de hostigamiento y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos, y por la negación de oficiales de la continuidad de las ejecuciones', dijo.
Añadió el parlamentario que, así mismo, 'se ha utilizado la jurisdicción penal militar para conocer casos de violaciones de derechos humanos y más específicamente de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de la Fuerza Pública'.
Cepeda, finalmente, explicó que debido a lo anterior se seguirá 'oponiendo al proyecto que pretende ampliar el Fuero Penal Militar en Colombia, y también me opondré al aparte de la Reforma a la Justicia que les daría facultad a los jueces para tasar el monto para reparación de las víctimas'.
Por ahora se espera que el Ministerio de Defensa responda a estos graves señalamientos.
Por Tomás Betín del Río
Bogotá.
