El presidente Juan Manuel Santos presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra el Pacto de Bogotá para que ese tribunal se pronuncie sobre la tesis de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya sobre límites con Nicaragua no se ajusta a la Carta Magna.
Según Santos, 'hay dos artículos de ese tratado (Pacto de Bogotá) que violan claramente una disposición de nuestra Constitución porque dicen que el país tiene que cambiar los limites, las fronteras, automáticamente en virtud de algún fallo de la Corte Internacional'.
El tratado del Pacto de Bogotá, firmado en 1948, reconoce la jurisdicción de la CIJ y fue aprobado por Colombia mediante la Ley 37 de 1962, según la Presidencia.
Sin embargo, el Gobierno lo ha cuestionado en los últimos meses a raíz del fallo del 19 de noviembre de 2012 por el que ese tribunal internacional redefinió los límites marítimos de Colombia con Nicaragua.
El pasado 28 de noviembre, diez días después del fallo, el Gobierno comunicó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, la decisión de retirarse del Pacto de Bogotá y así dejar de reconocer la jurisdicción de la CIJ, trámite de varios meses de duración.
A esa decisión se suma la de pedir que se declare la inconstitucionalidad de ese tratado, presentada ante la Corte.
Santos señaló ayer que la Constitución colombiana ordena claramente que 'cualquier modificación de nuestros límites, de nuestras fronteras, tiene que surtir un procedimiento: un tratado que tiene que aprobarse en el Congreso de la República'.
Eso quiere decir 'que no puede aceptarse ningún cambio de nuestros límites, de nuestras fronteras, automáticamente en virtud de ningún fallo', dijo el jefe de Estado al explicar la demanda presentada ante la Corte Constitucional acompañado por sus ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.
La decisión de denunciar la supuesta inconstitucionalidad del Pacto de Bogotá forma parte de la 'estrategia integral' anunciada el pasado lunes por el mandatario en respuesta al fallo de la CIJ que otorgó a Nicaragua derechos económicos sobre 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe. Efe
Nicaragua no cree en demanda
Juristas nicaragüenses desestiman que la demanda del Pacto de Bogotá tenga algún efecto sobre el fallo de la CIJ que redefinió los límites entre Colombia y Nicaragua, y recomendaron al Colombia modificar su Carta Magna para aplicar esa resolución. 'Es una acción que nace muerta. La Convención de Viena sobre el derecho internacional es clara en que no se puede alegar una norma de carácter interno para violentar el cumplimiento de una resolución internacional', dijo ayer el jurista internacional y rector de la Universidad American College, Mauricio Herdocia. Y añadió que 'no tiene lógica que Colombia se coloque al margen del derecho internacional, porque el fallo de la CIJ es cosa juzgada. (...) Además, este juicio fue muy largo, en 11 años ambos países tuvieron todo el tiempo del mundo para presentar sus alegatos'.
