Una providencia de la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Defensa devolverle a indígenas Jiw, en su resguardo ancestral de Barrancón, en el departamento del Guaviare, un territorio ocupado por una escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina.
En los próximos seis meses, y de acuerdo al Auto 173 de 2012, firmado por el presidente de la Sala Especial de Seguimiento, Luis Ernesto Vargas, la entrega debe estar acompañada por la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social de Cáritas y las Naciones Unidas.
El máximo tribunal defensor de la Constitución dictó, además, una serie de medidas para proteger a los pueblos Jiw y Nukak en Guaviare y Meta, pues, según el auto, se encuentran 'en peligro de ser exterminados física y culturalmente a causa del conflicto armado y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección'.
Añade la alta corporación judicial que 'estos (aborígenes) continúan siendo víctimas de un sinnúmero de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos, lo cual ha exacerbado el desplazamiento forzado que padecen'.
De acuerdo con la providencia, tres indígenas Jiw han sido víctimas en accidentes por municiones sin explotar que fueron halladas en el resguardo Barrancón, en las inmediaciones de la citada base militar.
Así mismo, el director de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, Luis Evelis Andrade, señaló que 'si una base militar o la instalación se hace en un resguardo, en una comunidad y la pone en riesgo, pues tiene que ser revisada'.
Por ahora, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, debe hacer un estudio de los terrenos disponibles en arriendo o compra en el Meta y el Guaviare para reubicar temporalmente a las comunidades Jiw desplazadas por cuenta del conflicto armado.
*Haga clic aquí para leer el comunicado que emitió la Corte Constitucional sobre este caso.
Por Redacción de País
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