Colombia ha alcanzado en el 2012 un PIB per cápita de 10.400 dólares, colocándose en la franja superior del grupo de países de renta media (media-alta) y cada vez más cerca de los de renta alta. Significa que es uno de los países de América Latina con mayor riqueza, sin embargo, es el tercer país latinoamericano con el mayor número de pobres.
La CEPAL, en su informe sobre El Panorama social de América Latina de 2012, afirma que la pobreza en Colombia afecta al 34% de su población y que en la región sólo los bolivianos y los paraguayos están peor que los colombianos. La indigencia en Colombia afecta al 10,7% de la población y es también una de las cifras más altas de la región. En cifras absolutas, esto quiere decir que en Colombia hay 15 millones de pobres, de los cuales cerca de 5 millones de personas son indigentes en un país que está transitando hacia renta alta y que pide ser admitido al Club de los países ricos (OCDE).
Estos datos ilustran la clásica paradoja colombiana de país rico con su población pobre debido a su desbordante inequidad, con el índice Gini más alto de América Latina (0,58). Lo anterior explica por qué el 70% de los indigentes del mundo están en países de renta media y, sobre todo, en América Latina.
Por lo tanto, la cooperación internacional para el desarrollo debe priorizar a los países de renta baja en su transferencia de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) pero diversificar la cooperación con los países de renta media como Colombia, con los cuales se debe potenciar la cooperación técnica, cultural y política que no siempre comporta transferencia de AOD sino transferencia de conocimientos, de tecnologías y de buenas prácticas en políticas públicas.
Por su parte, Colombia tiene que dirigir más la cooperación negociada con sus socios cooperantes hacia una consolidación institucional capaz de reducir el vergonzoso nivel de desigualdad. El país carece de sólidas instituciones democráticas mínimamente redistributivas de la riqueza que la lleven a cumplir con el artículo primero de su Constitución en el que se define como un Estado Social de Derecho.
Lastimosamente, la mayor parte de los cerca de mil millones de dólares que recibe Colombia por AOD cada año, se orientan hacia la emergencia permanente de los efectos del conflicto y no hacia el despegue de procesos virtuosos de desarrollo humano sostenible. La atención, por ejemplo, del desplazamiento, debería cubrirse con recursos propios, porque los tiene, y por sentencia de la Corte Constitucional.
El refuerzo de la institucionalidad democrática debe ser una prioridad para la cooperación internacional con Colombia, sobre todo en un escenario presente de negociación del fin del conflicto y en perspectivas de postconflicto para que la paz sea sostenible en términos políticos, jurídicos y económicos.
Los países de renta media como Colombia son estratégicos para las reformas globales, pues representan la clase media del universo. La mayoría de ellos experimentan una mejoría reciente que hay que sostener para evitar que involucionen por las frecuentes crisis.
El gran reto para la cooperación internacional en América Latina es el de aprender a priorizar los países de renta baja sin descuidar los de renta media. Naturalmente, estos últimos deben reinventar estrategias y modalidades de cooperación que vayan desde la cooperación Sur-Sur, descentralizada y cooperación triangular. Por ejemplo, los países latinoamericanos deberían comercializar más horizontalmente potenciando su integración, cooperando más y mejor entre ellos.
Jairo Agudelo T.
Opinión
