"La empresa propietaria de las 1.500 hectáreas de tierra que reclama la Nación en el Cesar, defendió el proceso de adjudicación y denuncia que terceros quieren aprovechar la Ley de Víctimas y Restitución para su propio beneficio. s:3La empresa La Dolce Vista, de propiedad del empresario Germán Efromovich, y actual dueña de la hacienda La Gloria, localizada en el Cesar, dijo ayer que la compra de la hacienda Bellacruz se hizo con el fin de adelantar un proyecto agroindustrial para impulsar el desarrollo social y productivo en una región que venía siendo azotada por la violencia, y que dicha negociación la efectuó bajo las normas legales vigentes. Así mismo, señala que dentro del predio adquirido no hay terrenos baldíos.
Como informamos ayer, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, iniciará la recuperación de las tierras, de donde violentamente fueron desalojadas 200 familias por parte de los paramilitares que azotaron a esa región en la década de los noventa.
En dicho documento se aclara que la extensión total del predio es de 6.300 hectáreas y que no hay terceros que conserven titularidad sobre la antigua hacienda Bellacruz, como tampoco participación en la sociedad Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria.
Frente a las resoluciones expedidas por el Incoder a través de las cuales se pretende iniciar un proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, la firma La Dolce Vista, destaca, entre otros aspectos que la resolución 1551 de 1994 del Incora no cumple con los requisitos para ser una declaratoria de terrenos baldíos y que tampoco esa entidad inició en esa oportunidad acciones tendientes a recuperarlos.
El Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria también manifiesta que el anuncio del Incoder para recuperar los terrenos baldíos es un proceso que apenas comienza y que no se puede dar por hecho de que tales predios existen dentro de La Gloria.
De igual forma, la compañía manifiesta su preocupación porque en esta reclamación del Incoder puedan haber terceros que, aprovechándose de la coyuntura de la Ley de Restitución de Tierras, pretendan resultar beneficiados.
Finalmente, los empresarios confían en que este caso se lleve a cabo dentro del debido proceso.
Gerente del Incoder. El gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder, Juan Manuel Ospina, anunció que esa entidad ha iniciado un trabajo de verificación en campo para definir, identificar y delimitar las 1.500 hectáreas de terrenos baldíos de la Nación que son adjudicables a terceros. “Este proceso apenas inicia y está soportado en la Resolución 1551 de 1994 del Incora y la decisión de ese mismo año del Consejo de Estado”, destacó.
Ospina dejó en claro que no está en tela de juicio la buena fe de los actuales propietarios, pero que igualmente esa condición no invalida la realidad jurídica de que en el predio La Gloria hayan baldíos indebidamente ocupados, hecho que de comprobarse, según Ospina, el grupo La Dolce Vista lo reconocería.
El gerente del Incoder dejó entrever que al haber baldíos en los predios de La Gloria, la situación se convertiría en un problema de terceros y no del Estado, es decir, entre los actuales propietarios de la hacienda y los antiguos dueños, el exembajador ante la Unión Europea, Carlos Arturo Marulanda, que como se recordará, estuvo involucrado con la incursión paramilitar de 1996 en la hacienda Bellacruz.
‘Cacería de brujas’. El experto en el sector agropecuario, Indalecio Dangond, dijo que lo más preocupante sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución, es que se vaya a convertir en una ‘cacería de brujas’ que termine paralizando las grandes inversiones extranjeras en este país, trayendo consecuencias funestas para el desarrollo y crecimiento económico del campo.
“Primero fue Argos y ahora es la empresa de palma de aceite La Dolce Vista. La primera suspendió un proyecto de siembra de 50 mil hectáreas de reforestación y me imagino que la segunda estará pensando en paralizar las inversiones programadas para este año. Me parece muy delicado que se esté tratando de hacer un show mediático con empresas que por su origen de capital extranjero, no van a ser tan estúpidos de comprar unos terrenos y realizar unas inversiones que supera los 22 millones de dólares, sin antes verificar la autenticidad de los títulos y su tradición”, puntualizó.
Precisó que desconoce a fondo la historia de la tradición de títulos de la hacienda Bella Cruz. Sin embargo, precisó que “creo que aquí, como en el caso de la hacienda Las Pavas, hay una mano negra que quiere pescar en río revuelto”.
Aseguró que si no existe una denuncia formal interpuesta por algunas familias desplazadas o que se vieron obligadas a abandonar, vender o entregar entre 1980 y julio de 2010 esos predios, se estaría al frente de otro caso más de unos abogados de ONG, que consideró oportunistas.
“Esta Ley, que entró en ejecución el pasado primero de enero, tiene enormes retos por parte del Gobierno para su eficacia y éxito. El Gobierno no ha resuelto el problema de la seguridad de las víctimas y de las áreas rurales donde se están restituyendo las propiedades”, anotó el experto.
Gobierno del Cesar
El secretario de Agricultura del Cesar, Carlos Muñoz, dijo que en el tema de los terrenos baldíos, corresponde al Gobierno Nacional, a través del Incoder, determinar la legalización y titulación de los mismos.
“Nosotros estaremos atentos a hacer el acompañamiento para el desarrollo de actividades agropecuarias en los predios que titulen a los verdaderos dueños”, señaló.
Por Redacción de País
