El país entero aplaudió el anuncio del presidente Santos cuando definió el agro como una de las locomotoras sobre las que levantaría su programa de gobierno. Hoy, tres años después, parece haberse esfumado el entusiasmo generado y las expectativas se alejan mucho de aquel anhelo de ver al campo transformado en un generador de desarrollo.
El agro creció en los últimos años por debajo de lo esperado en relación con el potencial que tienen las tierras colombianas, lo cual evidencia el rezago del sector en las últimas décadas.
Con la salida del Ministro Juan Camilo Restrepo puede que se de un giro en las políticas hacia el sector rural. Durante este periodo la cartera ha estado concentrada en la restitución de tierras, neurálgico para avanzar en la Ley de Víctimas que abandera el presidente, pero en detrimento del desarrollo de políticas estratégicas para la tecnificación y aprovechamiento de las oportunidades comerciales.
El gobierno nacional se ha blindado detrás de la ola invernal de 2010 y 2011 y de la revaluación de peso frente al dólar para sustentar el pobre progreso de la agricultura durante los primeros años de mandato. Pero la verdad es que el país necesita medidas estructurales para enfrentar los retos actuales.
Es imposible no aprovechar la creciente demanda mundial por alimentos, debido al crecimiento demográfico y económico de los gigantes asiáticos, los tratados de libre comercio a la luz de nuestro potencial agrícola. El problema es que el Ministerio no ha podido impulsar cambios en la producción que permitan cumplir los estándares fitosanitarios de países como Estados Unidos y los de Europa, manteniendo en vilo el aprovechamiento de los beneficios arancelarios dentro de los TLC.
Actualmente el país atraviesa un proceso de tercerización producto de circunstancias desafortunadas: un conflicto armado que se tomó al campo en perjuicio del desarrollo agrícola, y una desindustrialización desde los años noventas que reconfiguró la economía nacional hacia el sector de servicios.
Para el gobierno colombiano, el crecimiento de la producción (PIB) se constituye en la principal apuesta de índole económica, quizás por el doble propósito que cumple. Por un lado, genera ingresos para todos los actores de la economía colombiana: gobierno, empresas y familia; y por el otro, disminuye la presión por servicios públicos sociales en el momento en que las personas desempleadas se vinculan al mercado laboral.
Pero esto solo se logra evidenciar en el entorno urbano, puesto que el sector rural sigue rezagado; en este, la incidencia de la pobreza es de 46,8%, frente al 28,4% en las ciudades, y la pobreza extrema es 22,8% en comparación con el 3,3% para el entorno urbano.
Si como país deseamos pensar en desarrollo y no sólo en crecimiento, y complementarlo con una reducción de la desigualdad social, tenemos que entender que el sector agrícola necesita reformas estructurales que le permitan aprovechar su potencial. Todas las locomotoras no pueden andar solo con carbón, también necesitan tener un buen conductor y un buen riel por el cual progresar.
José Luis Ramos
Director del IEEC, Uninorte.
