Por los delitos de daño en los recursos naturales, contaminación ambiental, lesiones personales con perturbación funcional de carácter permanente y deformidades físicas de carácter permanente, el abogado Abelardo De la Espriella presentó una demanda penal contra los presidentes de la empresa minera Cerro Matoso S.A. y su junta directiva en los últimos 15 años.

El jurista afirmó que representa al cacique Israel Manuel Aguilar Solano, gobernador mayor del resguardo Zenú, en el alto San Jorge; las comunidades indígenas vecinas a la mina de ferroníquel y extrabajadores de la compañía.

Asimismo, afirma el abogado, que la acción legal, presentada en Montería,también incluye una solicitud a la Agencia Nacional de Minería para que suspenda la licencia de operación de Cerro Matoso y una acción civil en Londres, Inglaterra, donde está la matriz de esta empresa (BHP Billiton), para que se le obligue a responder por los derechos vulnerados de la comunidad indígena Zenú que habita en la zona.

“No es un secreto para nadie que la exposición al níquel produce enfermedades respiratorias, cutáneas y cáncer. Hemos presentado esta denuncia para que el Estado colombiano se apersone del problema y evite que Cerro Matoso siga envenenando el ambiente y a la gente de la región sin que pase absolutamente nada”, aseguró De la Espriella. Agregó que en total tiene 1300 poderes entre la comunidad indígena y los extrabajadores.

Por su parte, el cacique Israel Manuel Aguilar Solano, indicó que es notoria la contaminación en la zona por la explotación inadecuada del níquel y la afectación a las comunidades ahí asentadas hace siglos.

“Ahí lo que hay es un proceso de etnocidio contra los pueblos indígenas (...) Hay afectación a la población humana, contaminación de las fuentes hídricas, pérdida de animales silvestres y el bosque natural”, denunció el líder indígena, añadiendo que solo en 2011 en el corregimiento de Pueblo Flecha, muy cercano a la mina, corroboraron que de 34 embarazos se presentaron 14 abortos.

A su turno, Carlos Gustavo Arrieta, abogado de cerro Matoso, en diálogo con EL HERALDO, comentó que la demanda no lo toma por sorpresa y espera que el debate jurídico se base en evidencias científicas parea demostrar que lo que se afirme es verdad.

“No creemos que ninguna de las enfermedades en las que se hace referencia en la demanda tengan relación con la actividad de Cerro Matoso o con el hecho de vivir en las zonas vecinas”, advirtió Arrieta.

La mina de níquel que explota Cerro Matoso, la cuarta más grande del mundo, está ubicada en Montelíbano, Córdoba. 

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