Luego de más de cinco meses de haberse desatado el escándalo por el presunto abuso sexual del sacerdote y representante a la Cámara por el Guaviare, Jaime Alonso Vásquez, del Partido de la U, contra un supuesto menor de edad, aún no ha habido decisiones, al menos de fondo, de ninguno de los cuatro entes que lo investigan.
Por los lados de la Iglesia, el arzobispo de San José del Guaviare, monseñor Francisco Nieto, le dijo a EL HERALDO que el Vaticano había ordenado esta semana el traslado del proceso al Tribunal Eclesiástico de Bogotá por la gravedad de los hechos que se investigan.
Añadió el alto prelado que, por ahora, los sacerdotes Jaime Alonso y Carlos Fernando –su hermano, quien también está presuntamente implicado-, están suspendidos provisionalmente para ejercer como curas, ya que esa es la directiva de la Santa Sede en casos de sospechas de abuso de menores de edad.
Este diario trató de comunicarse con el Tribunal pero respondieron que 'los encargados están de viaje'.
También este diario trató de entrevistar al representante Vásquez, quien dijo que estaba suspendido como sacerdote pero por razones de 'mis funciones políticas'. Enseguida, pareció caerse la llamada. No obstante, a pesar de las varias insistencias, nunca más volvió a contestar el teléfono.
Del Partido de la U reiteraron, por su parte, que el 12 de noviembre, tras una recomendación del veedor, Héctor Mayorga, decidieron no darle el aval por la colectividad para aspirar a una reelección en el Legislativo.
Según el partido, Vásquez incumplió los artículos 15 y 18 de los estatutos de la colectividad, al no informar, mediante declaración extrajuicio, si en su contra cursa algún proceso penal, disciplinario o fiscal. El representante incurrió en esta falta cuando en octubre pasado, en declaración extrajuicio, juró que no tenía investigación alguna. No obstante, en ese momento ya el CTI de la Fiscalía le seguía la pesquisa penal.
Así las cosas, Vásquez no podía presentarse a estas elecciones legislativas con otro partido, dado que debió renunciar un año antes de los comicios para cambiar de colectividad.
Sin embargo, el partido no le suspendió la militancia como tal, debido a que solo se aplica esta sanción cuando ya hay una condena.
En la Corte Suprema de Justicia todavía sigue la demanda por supuesto abuso sexual en indagación preliminar y se están practicando las pruebas al respecto.
Finalmente, en la Comisión de Ética de la Cámara, de la que paradójicamente también hace parte Vásquez, el investigador designado, Víctor Raúl Yepes Flórez, representante liberal por Antioquia, no ha presentado aún el informe con su recomendación sobre el caso del cura congresista, a pesar de que él mismo le dijo entonces a EL HERALDO que en dos meses habría una decisión, pero ya van casi seis.
Una vez el representante presente su ponencia, los 17 parlamentarios de la célula legislativa decidirán si hay una sanción o no contra el religioso.
Este diario trató de comunicarse en numerosas oportunidades con Yepes pero fue infructuoso.
Por su parte, el representante liberal Jack Housni, el único costeño de la Comisión de Ética, le dijo a EL HERALDO que a Vásquez se le ha pedido que renuncie al Congreso o, al menos, a la célula parlamentaria, pero no ha habido respuesta.
La denuncia contra los curas fue interpuesta a finales de septiembre pasado por Francisco Bohórquez, quien dijo haber sido abusado desde los 13 años, primero, por el parlamentario y, luego, por su hermano.
En respuesta, el representante negó haber violado al joven desde que era menor de edad, se preguntó '¿por qué no procedió (con las denuncias) durante tanto tiempo?' y recordó que el último encuentro sexual con Bohóquez fue en septiembre pasado 'con su consentimiento, no por abuso'.
El otro proceso
En el Consejo de Estado se encuentra en práctica de pruebas otro proceso contra el representante por haber ingresado a La Picota en un día que no era de visitas, para celebrarle el cumpleaños al representante Álvaro Pacheco, investigado por ‘parapolítica’.
A mediados del año pasado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ya había negado otra solicitud de pérdida de investidura contra Vásquez, porque supuestamente presionó al alcalde de San José del Guaviare, Pedro José Arenas, para que se firmara un convenio interadministrativo del Invías por más de 1.780 millones de pesos, con un ingeniero amigo suyo.
