'Debemos preservar la institucionalidad' fue la conclusión que sacó el presidente Juan Manuel Santos tras reunirse ayer en la noche por una hora, primero, con el fiscal Eduardo Montealegre y por otra hora, luego, con el procurador Alejandro Ordóñez, para discutir la destitución e inhabilidad de 15 años contra el alcalde de la capital, Gustavo Petro.
El más reciente pronunciamiento del Ejecutivo había sido del ministro de Justicia, Alfonso Gómez, quien dijo que 'lo único que puede hacer el presidente es ejecutar la decisión que tome el procurador en relación con el alcalde', y añadió que 'sería muy peligroso para la democracia que se siente el precedente de que un presidente pueda destituir a un alcalde elegido'.
Por su parte, el exvicepresidente Francisco Pacho Santos le respondió al director del Observatorio de Culturas de Bogotá, Otty Patiño, quien había dicho que en una reunión entre el procurador, el expresidente Álvaro Uribe y el exministro Fernando Londoño se habría fraguado una eventual candidatura del exvicepresidente tras la aparentemente consabida destitución. (Leer Uribe afirma ser un 'combatiente, no un conspirador a hurtadillas', tras caso de Petro).
'Una de las características del pensamiento de izquierda desde sus orígenes marxistas es que creen que todo lo que sucede obedece a una conspiración de una clase para destruir a otra', escribió Pacho Santos en una misiva.
Petro, entre tanto, reiteró que la decisión es 'contraria a la Constitución y la ley' y advirtió que un nuevo debate tiene que ver con 'si el presidente tiene que obedecerle al procurador y hacerse cómplice de una arbitrariedad'. (Leer la entrevista exclusiva 'Pensé que la razón tendría cabida en el procurador': Gustavo Petro).
Afirmó el alcalde que 'no es cierto que el jefe de Estado solo tenga la opción de firmarle al procurador su fallo (...). Si el presidente quiere ayudar a destituir al alcalde que lo diga. Pero si quiere aplicar los derechos de los electores y las garantías de la Constitución, debe aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos'.
En la mañana, y durante dos horas, se reunieron el representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Colombia de la ONU, Juan Carlos Monje, y el procurador.
'La Oficina tiene el mandato de asesorar a las instituciones del Estado', dijo Monje, y le entregó a Ordóñez un fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2011 al Estado venezolano por la inhabilitación en 2008 del alcalde de Chacao, el opositor Leopoldo López, por parte de la Contraloría, al considerar que López no tuvo oportunidad de defenderse de una decisión de tipo administrativo y no penal.
Por su parte, la viceprocuradora Martha Castañeda dijo que 'tuvimos un diálogo amigable acerca de algunos factores como el Pacto de San José, de la Convención Interamericana de Derechos y tocamos algunos temas, de manera abstracta, en cuanto al fallo'.
Anoche, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), magistrado Diego García Sayán, sostuvo que las destituciones por vía administrativa deben revisarse caso por caso. Por eso espera que Colombia pueda solucionar el caso del alcalde Petro 'sin que sea necesario' acudir al sistema interamericano.
Hoy se espera que el presidente Santos se reúna con Petro.
'Otra segunda instancia'
El vicepresidente Angelino Garzón, de otro lado, advirtió que 'los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente nos equivocamos al no crear una segunda instancia que revisara de manera autónoma los recursos a que tienen derecho los servidores públicos frente a las decisiones administrativas', y consideró que el Congreso debe pensar en 'crear una segunda instancia autónoma para revisar las decisiones administrativas y disciplinarias'. (Leer Vicepresidente pide crear segunda instancia autónoma tras destitución de Petro).
