La Procuraduría General de la Nación sancionó, en falló de primera instancia, a Liliana Pardo Ganoa, exdirectora del IDU, e Inocencio Meléndez, exdirector técnico legal de la misma institución, con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 11 años, debido a irregularidades en procesos de contratación celebrados entre 2007 y 2008.
La Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá consideró que Meléndez intervino en los procesos contractuales de prestación de servicios profesionales de abogados, en los que pactó y canceló honorarios que sobrepasaron las tarifas máximas legales y reglamentarias establecidas por el IDU.
Por otra parte, La Procuraduría sostuvo que la exdirectora, Liliana Pardo, no ejerció vigilancia y control sobre las actuaciones del director técnico legal, en quien recayó la delegación, y evitó adoptar alguna medida tendiente a corregir las irregularidades que se venían presentando en esta materia, especialmente en la prestación de servicios para apoyo de la gestión administrativa, como era su deber.
Para el Ministerio Público, en esta etapa del proceso disciplinario, los funcionarios incurrieron en falta gravísima cometida a título de dolo.
Contra esta decisión procede el recurso de apelación. Bogotá
