El alcalde Gustavo Petro tildó de 'profundamente lamentable' la visita de representantes de gremios y políticos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Washington, donde ayer pidieron que no fueran protegidos los derechos políticos del burgomaestre.
Un extenso documento, firmado por 35 personas, entre las que se destacan empresarios y exfuncionarios, fue llevado a la sede del órgano interamericano por una delegación integrada por el exalcalde Jaime Castro, el presidente de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego; el excomisionado de paz -durante el gobierno de Andrés Pastrana-, Víctor G. Ricardo y la directora del Instituto de Ciencia Política, Marcela Prieto.
Los gremios plantean, fundamentalmente, que la CIDH no tendría competencia para dictar medidas cautelares de obligatorio cumplimiento sino 'recomendaciones', diferenciándose de la CorteIDH, que según los delegados, sí puede dar 'órdenes'. Además, alegan que las medidas solo pueden otorgarse cuando han surtido todas las instancias internas y aseguran que Petro 'ha contado con todas las garantías'.
Concluye el documento que las medidas pondrían 'en riesgo el Estado de Derecho' y que 'todos los procesos en curso tendrían que ser archivados y quienes fueron sancionados van a pedir el restablecimiento de sus derechos y una indemnización'.
En respuesta, el alcalde de origen orense advirtió que 'si estas personas viajan con la intención de que no nos protejan los derechos, es profundamente lamentable' y agregó que estos 'dirigentes de gremios privados como Fedegán o Fenalco, después de las cosas que han pasado en la historia de Colombia, en donde no defendieron la vida de decenas de miles de campesinos, ahora van a pedir que no nos protejan nuestros derechos'.
Y puntualizó el mandatario distrital sobre la cruzada de la delegación, ironizando, que 'entendemos que algunos gremios privados no afines a nosotros, quieren hacer espectáculo con un proceso judicial del que yo soy parte legítima'.
De otro lado, según Caracol, al menos 12 magistrados del Consejo de Estado, donde cursan las tutelas del caso Petro y su impugnación por parte de la Procuraduría, tienen familiares trabajando en el Ministerio Público, por lo que se declararían impedidos.
En caso de que la Sala Plena del máximo tribunal de lo contencioso administrativo admita las inhabilidades, se nombrarían conjueces para que decidan el futuro del alcalde en el Palacio de Liévano.
