21 días después de que Alejandro Ordóñez fuera nombrado procurador general de la Nación el pasado 11 de diciembre de 2008, se radicó la primera denuncia penal en su contra.
Desde entonces se han presentado 41 quejas contra el jefe del Ministerio Público por haber cometido aparentes irregularidades en su cargo, de las cuales actualmente la Fiscalía investiga 30 denuncias, querellas y compulsas de copias. Las otras 11 se han archivado y ninguna pasó de la etapa de indagación.
EL HERALDO conoció en exclusiva la larga lista de investigaciones -todas en el despacho del vicefiscal Fernando Perdomo- contra el controvertido hombre a cargo de la Procuraduría.
La primera denuncia, en enero de 2009, fue presentada por un prevaricato por omisión (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta) que se presentó en la Gobernación de Antioquia. En febrero de su primer año, en la Procuraduría, en un caso que ya fue cerrado, fue denunciado por delitos contra la administración pública y en abril siguiente fue denunciado dos veces por este mismo punible y una de las pesquisas sigue vigente.
En junio de 2009 se registraron, además, dos denuncias por prevaricato (cerrada) y delitos contra la administración. En julio, una por este mismo punible y en septiembre otra por falsedad ideológica en documento público.
En su segundo año como procurador fue denunciado tres veces: una por prevaricato, que está inactiva, y dos por delitos contra la administración, uno de las cuales sigue su curso.
Las denuncias crecieron en 2011, cuando el conservador Ordóñez fue objeto de 10 solicitudes de investigación, incluyendo una por concierto para delinquir agravado por darse para grupos al margen de la ley, que fue archivada y una por peculado por apropiación (quedarse con dineros públicos), que sigue activa.
También fue denunciado en tres oportunidades por prevaricato por omisión, una de las cuales se cerró, y una vez por prevaricato por acción, que sigue en indagación. Tiene de ese año tres denuncias más por fraude a resolución judicial y una por delitos contra la administración, todas vigentes.
En 2012 hubo ocho denuncias y una querella por injuria contra Ordóñez. Por prevaricato por omisión siguen activas tres indagaciones. Por delitos contra la administración pública, dos, incluyendo una compulsa de copias; otras, por fraude a resolución judicial y peculado por apropiación, y una más por tráfico de influencias de servidor público.
La más reciente denuncia fue por prevaricato por acción, el 10 de diciembre pasado, un día después de la destitución e inhabilidad al alcalde de Bogotá, el cordobés Gustavo Petro, por prevaricato por acción. En todo 2013 hubo cinco denuncias por este delito contra el procurador, dos de las cuales están inactivas. Por prevaricato por omisión hubo dos denuncias: una sigue vigente.
Además, tres personas denunciaron este año al jefe del ente de control disciplinario por delitos contra la administración pública y una por abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.
A estas pesquisas se suman el proceso que cursa en el Consejo de Estado por las aparentes irregularidades de su segunda elección y la solicitud que, ante este mismo organismo y la Corte Suprema de Justicia, presentó el abogado Jorge Eliécer Molano para que el jefe del Ministerio Público sea suspendido de su cargo por la violación al derecho internacional en la que incurrió al dictar el fallo que destituye a Petro.
Para expertos en derecho internacional, parece evidente que el proceder de Ordóñez en las decisiones contra Petro, la exsenadora Piedad Córdoba y el exalcalde de Medellín Alonso Salazar, así como con la investigación que adelanta contra el representante Iván Cepeda, son violatorias de la Convención Americana de Derechos o Humanos o Pacto de San José, que Colombia acepta en su organización mediante el artículo 93 de la Constitución Nacional.
La abogada Jomary Ortegón, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, explica que a Petro se le están conculcando tres derechos establecidos en dicha convención en vista de que no se le garantiza el debido proceso, se restringen sus derechos políticos sin que medie una decisión judicial y no se está ajustando al derecho interno la legislación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si llega a haber méritos en las denuncias en su contra, ¿hay posibilidad de que el procurador sea suspendido por exceder sus funciones?
Hoy parece difícil que contra el procurador prospere cualquier denuncia. Sin embargo, no es un imposible: en junio de 1996, el procurador Orlando Vásquez Velásquez fue suspendido y detenido por tramitar una falsa demanda en contra de Alfonso Valdivieso, el fiscal de ese momento. Fue la primera vez en Colombia y el mundo que un procurador resultaba detenido.
En el caso de Ordóñez, de hallarse méritos en una o varias de las 30 denuncias interpuestas, quien imputaría cargos es el vicefiscal de la Nación, por disposición del Fiscal General. Los cargos serían trasladados al Tribunal Superior de Bogotá y la siguiente instancia sería la Corte Suprema de Justicia. De hallarse méritos de suspensión, la Corte notificaría al procurador su condena o absolución.
Ortegón estima que aunque el procurador tiene funciones de policía judicial, esto no lo legitima para saltarse decisiones ordenadas por un juez o un fiscal, por lo que, entre otras razones, es previsible una sentencia de la CIDH en contra del Estado colombiano.
Lo que nadie sabe es cuánto tiempo puede tardar en dictarse dicha providencia. Y menos, si en la Fiscalía prosperará alguna de las 30 investigaciones abiertas en su contra. Expertos afirman que hay méritos. Y tiempo: en 2017 dejará su cargo.
